La mandataria María Eugenia Campos Galván aseguró que la Fiscalía estatal concluyó la primera etapa de su investigación y judicializó el caso por presuntos delitos del fuero común. Afirmó que colaborará con las autoridades federales y que su administración no protegerá a ningún exfuncionario.
Colima, México, Avanzada (19/10/2026).— La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se pronunció sobre el caso del exfiscal de esa entidad y aseguró que ninguna persona que forme o haya formado parte de su administración está por encima de la ley. La mandataria sostuvo que las autoridades estatales investigaron los hechos relacionados con el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, y que el expediente fue judicializado por presuntos delitos del fuero común.
A través de un video difundido en sus redes sociales, Campos Galván explicó que el 24 de abril anunció la creación de una unidad especializada dentro de la Fiscalía General del Estado, un día después de reunirse con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal para abordar lo ocurrido durante el operativo. Precisó que dicha unidad recibió el mandato de investigar posibles delitos o faltas graves cometidas por servidores públicos, así como determinar las responsabilidades correspondientes.
La gobernadora señaló que la investigación concluyó su etapa inicial la semana pasada y derivó en la judicialización del caso. Explicó que durante el desarrollo de las indagatorias su administración evitó emitir pronunciamientos públicos y sostuvo que, una vez presentada la causa ante las autoridades judiciales, corresponde al Poder Judicial determinar lo procedente.
Campos Galván también se refirió a la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), institución que, según explicó, judicializó una causa distinta dentro del ámbito de sus atribuciones. Aseguró que el gobierno de Chihuahua atenderá las solicitudes de información y diligencias formuladas por las autoridades federales y que, si las investigaciones permiten identificar otros hechos relacionados con el ejercicio del cargo del exfuncionario, la Fiscalía estatal actuará conforme a sus competencias.
La mandataria reconoció que la cooperación con autoridades de otros países es legítima y necesaria para combatir la delincuencia organizada, pero subrayó que debe realizarse mediante los conductos institucionales y con apego a la legislación vigente. Añadió que ese será el criterio que exigirá a todas las instituciones bajo su responsabilidad.
“Nadie que sirva o que haya servido en mi gobierno, nadie está por encima de la ley. En Chihuahua, la ley se aplica sin distinción. Aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie”, expresó la gobernadora, quien reiteró que su administración continuará combatiendo al crimen organizado en coordinación con el gobierno federal y con sus socios estratégicos, siempre dentro del marco legal.
El pronunciamiento fue corroborado con publicaciones de este 19 de octubre y con el documento oficial del Gobierno de Chihuahua del 24 de abril, que confirma la creación de la unidad especializada.
Como contexto, el exfiscal César Jáuregui Moreno fue detenido el 17 de octubre por autoridades estatales y posteriormente quedó bajo custodia federal por una investigación distinta. Estos procedimientos deben distinguirse, pues corresponden a autoridades y acusaciones diferentes.