Las omisiones del Gobernador matan a los colimenses

EDITORIAL.

Desde que asumió el gobierno en 2016, el mandatario estatal Ignacio Peralta Sánchez buscó un sinfín de excusas para no asumir su responsabilidad en el tema de seguridad y los colimenses pagan caro sus omisiones.

En reiteradas ocasiones, el titular del Ejecutivo afirmó que la violencia y los homicidios en Colima estaban relacionados con la disputa entre cárteles del crimen organizado y este tipo de delitos correspondían a la federación. 

Integrantes de su gabinete y miembros afines de su partido, el PRI, exponían en los medios de comunicación que en Colima “se mataban entre ellos”, y de esa forma negaban cualquier acción contundente para frenar la crisis de seguridad que golpeaba y golpea a los 711 mil habitantes. 

A cuatro años de su llegada al poder, el mandatario no ha podido o querido revertir los índices delictivos, y peor aún, van a la alza los delitos considerados del fuero común y que debe combatir el propio gobierno estatal a través de sus fuerzas de seguridad.

La entidad tiene el tercer lugar nacional en narcomenudeo con una tasa de 340.30 por cada 100 mil habitantes, la cual triplica a la media nacional. Además, ocupa la primera posición nacional por el número de habitantes en robos a casa habitación con una tasa de 442.19, cuando la media nacional es de 124.40 por ciento.

También se han incrementado las violaciones, las extorsiones y por si no fuera suficiente, el estado colimense registra un déficit de policías. Los resultados son claros, en Colima hay un gobernador que prometió que los colimenses vivirían felices y seguros, pero se olvidó que los compromisos son para cumplirse.