Las preguntas que AMLO debería responder a los colimenses

Editorial.

Seguramente, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la respuesta a muchas preguntas que se hacen los colimenses desde hace muchos años en materia de justicia, impunidad y corrupción, sobre todo en los tiempos de confusión y turbulencia que se viven en la actualidad.

Aunque muchos casos pertenecen al ámbito estatal, no hay información a la que el presidente de la república no pueda tener acceso en este país y ofrecerla a la sociedad en aras de la transparencia, para evitar que casos de interés público queden en el olvido y la opacidad.

Además de la petición formal de información a gobernadores y funcionarios de diversas instituciones y organismo descentralizados, el presidente López Obrador puede recurrir a los organismos civiles y militares de inteligencia que a lo largo del tiempo han acumulado mucha información sobre cada caso o situación.

Un primer asunto que la población colimense tendría derecho a saber es cuál fue el móvil del asesinato del exgobernador Silverio Cavazos Ceballos, así como si hubo otra autoría intelectual en el crimen del supuesto autor intelectual, Gerardo Mendoza Chávez, ultimado en el interior del reclusorio de Puente Grande en un hecho que, a pesar de ser presentado como riña común, despertó muchas sospechas.

De igual manera, tendrían que conocerse los móviles y las autorías materiales e intelectuales de todos los crímenes de alto impacto ocurrido en Colima en la última década, desde el del médico Saúl Adame Barreto, coordinador de asesores del exgobernador Mario Anguiano Moreno hasta el del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, pasando por el delegado de la Sedatu, Jaime Vázquez Montes, el presidente municipal de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno, y la diputada local morenista Francis Anel Bueno Sánchez, entre muchos otros.

Un cambio que se esperaría en la política de la actual administración federal sería procurar la total transparencia de los sucesos de interés público, una vez que no se afecten los procesos de investigación, porque lo que no es válido en un sistema que aspira a ser democrático es mantener la opacidad en la que pueden ocultarse intereses inconfesables.

También el presidente AMLO tendría la oportunidad de aclarar a los colimenses hasta dónde se encuentra implicado el gobernador del estado en la Operación Safiro y, si se confirman oficialmente los serios señalamientos que circulan, procurar además que las instituciones responsables actúen en consecuencia.

Otros casos en los que los colimenses necesitan información y justicia son los relacionados con las diversas presunciones, señalamientos y denuncias de malos manejos de recursos por parte del gobierno estatal, sobre todo lo relacionado en educación, salud y seguridad.

Elementos suficientes han sido dados a conocer por los propios organismos fiscalizadores, sólo bastaría con la instauración de procedimientos de investigación a fondo, con el propósito de confirmar o desechar cada caso, de acuerdo con las explicaciones o justificaciones que pudieran emitir las propias autoridades responsables.

Los anteriores son tan sólo unos ejemplos de la manera como la actuación presidencial decidida en ese sentido sería una evidencia de que el combate a la corrupción y la impunidad van en serio en el periodo de la llamada Cuarta Transformación.