Organismos públicos rentan oficinas en zonas residenciales sin transparentar los pagos

Colima, México, Avanzada (21/09/2026).— En medio del discurso oficial de austeridad, tres organismos financiados con recursos públicos mantienen oficinas en zonas residenciales de la capital, pero su información presupuestaria no permite conocer con precisión cuánto pagan por esos inmuebles, quiénes son sus propietarios ni mediante qué procedimientos fueron contratados.

El Tribunal Electoral del Estado ocupa el número 35 de la avenida Los Olivos, en Residencial Los Olivos, al norte de la ciudad. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción tiene su sede en Alfonso Michel número 34, en Jardines de Vista Hermosa III, pese a que el sistema permanece inoperante desde hace por lo menos dos años. Por su parte, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón despacha en Francisco Zarco número 1460, en la colonia Girasoles.

De los tres organismos, únicamente el Tribunal Electoral reporta un monto identificable en el concepto general de arrendamientos. Su cuenta pública de 2025 consigna un presupuesto modificado de 433 mil 386 pesos y un gasto devengado de 425 mil 713 pesos en “servicios de arrendamiento”, equivalente a un promedio mensual de 35 mil 476 pesos.

Sin embargo, ese concepto puede incluir, además de la renta del edificio, el alquiler de vehículos, fotocopiadoras, mobiliario o equipo de oficina. La información presentada no desglosa cuánto de ese gasto corresponde específicamente al inmueble de Residencial Los Olivos, por lo que el promedio mensual no puede considerarse el costo de la renta de su sede.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción recibió un presupuesto de dos millones de pesos para 2026: un millón 500 mil para servicios personales, 250 mil para materiales y suministros y 250 mil para servicios generales. Este último capítulo contempla gastos de operación, pero la información presupuestaria no precisa cuánto se destina al arrendamiento de sus oficinas ni identifica al propietario del inmueble.

El Tribunal de Arbitraje y Escalafón recibió aproximadamente ocho millones 652 mil pesos en 2025, pero su información presupuestaria tampoco permite conocer el costo de la oficina de la colonia Girasoles. Para 2026, la información referida sólo muestra la transferencia global otorgada al organismo, sin detallar el contrato vigente, la renta mensual, la identidad del arrendador o el procedimiento utilizado para seleccionar el inmueble.

El arrendamiento de esa sede ya había sido observado por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) durante la revisión de la cuenta pública de 2020. El órgano fiscalizador determinó que el Tribunal no acreditó la autorización de su Comité de Adquisiciones ni la realización de una investigación de mercado. Aunque el organismo argumentó que necesitaba cambiar de sede con urgencia y que la renta era inferior a otras opciones, la explicación no solventó la observación.

La información presupuestaria descrita sigue sin ofrecer elementos suficientes para conocer el costo específico de estas oficinas. Sin acceso a los contratos, las facturas y las pólizas contables correspondientes, no es posible determinar cuánto dinero público se destina a los tres inmuebles, si sus rentas han aumentado o si se evaluó la disponibilidad de edificios gubernamentales para evitar esos gastos.