Tras señalar que los motociclistas morían por imprudentes, la anterior administración dejó de lado la responsabilidad institucional; ahora la dependencia anuncia un protocolo para prevenir muertes en accidentes de tránsito.
Colima, México, Avanzada (08/08/2026).- Colima pasó de tener una Subsecretaría de Movilidad que atribuía buena parte de las muertes de motociclistas a su propia imprudencia, a una nueva administración que reconoce que prevenir los hechos de tránsito y proteger la vida también es responsabilidad de las instituciones.
El cambio de enfoque se hizo evidente con la puesta en marcha del taller “Protocolo VIDA: Verificación e Intervención Después de un Accidente”, impulsado por la actual subsecretaria de Movilidad, Blanca Ballesteros Uribe, en coordinación con la Secretaría de Salud.
La iniciativa busca fortalecer la prevención y atención de las lesiones derivadas de hechos viales y avanzar hacia un modelo de movilidad en el que las muertes y lesiones graves no sean consideradas inevitables.
El viraje ocurre en un estado que mantiene uno de los mayores índices de mortalidad vial del país.
De acuerdo con el Informe de Salud Pública sobre la Situación de Seguridad Vial 2023-2024, publicado por la Secretaría de Salud federal, Colima ocupó el tercer lugar nacional en tasa de mortalidad por accidentes vehiculares, con 22.8 muertes por cada 100 mil habitantes.
En 2023 fallecieron 173 personas en accidentes viales en la entidad, de las cuales 84 eran motociclistas, 40 ocupantes de vehículos, 22 peatones, ocho ocupantes de vehículos pesados y siete ciclistas. En otros 12 casos no se especificó la condición de la víctima.
Es decir, prácticamente la mitad de las personas fallecidas en accidentes viales en Colima eran motociclistas, un sector que había sido señalado directamente por el anterior titular de Movilidad.
“Mueren por imprudentes”
En junio de 2025, el entonces subsecretario de Movilidad, Armando González Manzo, fue cuestionado por los constantes accidentes en los que perdían la vida motociclistas.
Su respuesta fue atribuir el problema principalmente a la conducta de los propios conductores.
“Siempre he dicho que hay que conducir con prudencia atendiendo los señalamientos”, declaró entonces.
González Manzo señaló particularmente a los repartidores de plataformas como DiDi Food y Uber Eats, al afirmar que, por intentar llegar pronto a sus destinos, cometían irregularidades y violaciones al reglamento.
El funcionario llamó a los motociclistas a ser más cuidadosos, especialmente durante la temporada de lluvias, pero en aquella ocasión no presentó públicamente un programa institucional específico para reducir la mortalidad vial.
El planteamiento dejaba el problema principalmente en manos del usuario: si conducía con prudencia, podía evitar el accidente.
El problema es que la propia razón de existir de una autoridad de movilidad es precisamente generar las condiciones para que un error humano no termine necesariamente en una muerte.
Ahora el objetivo es que no mueran
Con la llegada de Blanca Ballesteros Uribe, la Subsecretaría de Movilidad plantea una perspectiva diferente.
La dependencia sostiene que construir una movilidad segura implica trabajar antes, durante y después de un hecho de tránsito, y que las decisiones deben tomarse con base en evidencia.
El Protocolo VIDA pretende fortalecer la prevención y la intervención después de un accidente, pero también incorporar la seguridad vial como parte de la planeación de la movilidad.
El proyecto fue seleccionado a nivel nacional por WRI México y la GIZ, con el respaldo de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, debido a que integra la seguridad vial con la resiliencia territorial bajo los principios de Visión Cero.
Esta estrategia internacional parte de una premisa radicalmente distinta a la de responsabilizar únicamente a quien conduce: las muertes y lesiones graves en las vías públicas pueden y deben prevenirse.
El reto: pasar del discurso a las calles
El nuevo discurso institucional enfrenta ahora una prueba mayor: convertir la prevención en acciones concretas.
Porque las cifras muestran que el problema no es menor.
Aunque los 173 fallecimientos registrados en 2023 representaron una disminución de 2.9 por ciento respecto de 2022, Colima continuó entre las entidades con mayor mortalidad vial del país.
Además, a nivel nacional, los fallecimientos de motociclistas aumentaron 52.3 por ciento entre 2018 y 2023, de acuerdo con la Secretaría de Salud.
En Colima, donde los motociclistas representaron 84 de las 173 víctimas mortales registradas en 2023, el desafío resulta todavía más evidente.
Por ello, el verdadero cambio no estará solamente en reconocer que la movilidad debe proteger la vida, sino en demostrarlo mediante infraestructura segura, regulación, vigilancia, prevención, atención de emergencias y políticas públicas capaces de reducir efectivamente los fallecimientos.
La Subsecretaría de Movilidad afirma que busca incorporar el Protocolo VIDA al desarrollo del primer sistema integrado de transporte del estado.
Después de un periodo en el que la imprudencia de los conductores fue colocada en el centro de la explicación de los accidentes, la nueva administración coloca ahora a la prevención institucional en el centro de la solución.
El resultado tendrá que medirse en las calles y, sobre todo, en una cifra: cuántas vidas logra salvar la nueva política de movilidad de Colima.
* Imagen ilustrativa.
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