Colima, México, Avanzada (05/08/2026).- Tal y como sucede con otros gobernadores, como en Oaxaca, Puebla o Veracruz, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, descalifica, señala o minimiza las críticas a su gobierno e incluso adjetiva a los medios de comunicación, reporteros o políticos que, por una parte, cuestionan las decisiones gubernamentales y, por otra, formulan preguntas para aclarar ciertas acusaciones o vacíos de información.
El episodio más reciente ocurrió cuando el director del Instituto de Planeación para el Municipio de Colima, Sergio García Alcaraz, pidió que el Gobierno estatal sustituyera el color guinda de los parapetos de varios puentes del Tercer Anillo; sostuvo que el guinda sobre el asfalto oscuro no genera suficiente contraste y puede reducir la visibilidad para los automovilistas. Por ello, pidió emplear blanco, amarillo u otro color de alta visibilidad.
El pasado 29 de julio, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva hizo referencia a la crítica de García Alcaraz y calificó de “absolutamente inmoral” que funcionarios municipales cuestionaran la rehabilitación de los puentes y sostuvo que las críticas eran “inmorales e incongruentes”, pues, afirmó, el Ayuntamiento de Colima había omitido durante años dar mantenimiento a esas estructuras.
Dos días después, García Alcaraz rechazó que su posicionamiento tuviera una motivación partidista y explicó que el guinda sobre el pavimento oscuro reduce el contraste. Además, pidió que el desacuerdo se discutiera con base en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y las normas oficiales mexicanas.
No era la primera vez que Vizcaíno reaccionaba de esa manera ante un cuestionamiento público. Incluso, el 22 de noviembre de 2024, Miguel Ángel Sánchez Romero, director de La Lealtad Noticias, denunció en una entrevista con Diario Avanzada que se le impidió formular preguntas durante una conferencia de “Diálogos por la Transformación”, encabezada por Vizcaíno.
Sánchez Romero explicó que un trabajador del Gobierno estatal le negó el uso de la palabra, pese a que había sido invitado al encuentro con medios. El periodista consideró que el episodio formaba parte de una estrategia para restringir las intervenciones de comunicadores críticos y favorecer a medios que, en su opinión, actuaban como “cómplices del silencio”.
El episodio, sin embargo, ocurrió después de otros intercambios tensos entre el periodista y la mandataria, pues el 14 de junio de 2023, Sánchez Romero preguntó a la gobernadora sobre las fotografías sin editar que circularon en redes sociales después de la detención de un presunto integrante de Los Mezcales.
El periodista señaló que las imágenes mostraban el rostro del detenido y que algunas parecían ser las mismas que posteriormente distribuyó la Fiscalía General del Estado, aunque en el boletín oficial aparecieron con los filtros correspondientes. Preguntó quién había filtrado el material y si la divulgación pudo vulnerar la presunción de inocencia y la cadena de custodia.
“¡Imagínate! Tú haciéndole argumentos a la defensa de ese delincuente”, respondió la mandataria. Después, la gobernadora señaló que desconocía la circulación de las fotografías y explicó que la captura había sido realizada por la Secretaría de Marina en coordinación con otras autoridades. También defendió el boletín oficial de la Fiscalía y sostuvo que la institución había cumplido con los protocolos para proteger la información.
Sánchez Romero declaró posteriormente a Avanzada que esa respuesta lo había dejado en una situación de vulnerabilidad.
Otro hecho ocurrió el 30 de agosto de 2023, durante una conferencia de “Diálogos por la Transformación”, cuando Sánchez Romero preguntó sobre la adquisición de residencias en el fraccionamiento Bosque Real por parte de la gobernadora, su hermano y dos funcionarios de primer nivel.
Vizcaíno respondió que no tenía por qué contestarle al medio que publicó originalmente la información. Después, afirmó que algunas notas intentaron hacer creer que las propiedades habían sido adquiridas de manera inmediata y mediante un solo pago, lo que calificó como falso.
A los casos anteriores se suma el del 21 de agosto de 2025, cuando Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, acusó a Vizcaíno y a la alcaldesa de Manzanillo —ahora con licencia—, Rosa María Bayardo, de perseguir políticamente a Griselda Martínez, exalcaldesa de ese municipio, quien había sido vinculada a proceso por un caso de presunta corrupción.
En su cuenta de X, Álvarez Máynez afirmó que ambas funcionarias acosaban a Martínez y “pervierten a las instituciones judiciales” para perseguir a la oposición.
La gobernadora dispone de conferencias, canales oficiales, presupuesto de comunicación social y una estructura gubernamental para difundir su versión. Del otro lado están periodistas, funcionarios municipales o adversarios que deben defender no sólo el contenido de sus cuestionamientos, sino también su reputación frente a los calificativos emitidos desde la máxima autoridad del Estado.