Diputados crean leyes sin reglas para cumplirlas

Colima, México, Avanzada (06/08/2026).- En septiembre de 2018, el Congreso de Colima aprobó una ley para controlar yonkes, recicladoras y centros de acopio de metales. En esa fecha, los legisladores argumentaron que estos negocios podían convertirse en puntos de comercialización de vehículos desmantelados, cableado, alcantarillas y otros objetos robados.

La norma anterior ordenó crear un registro, verificar la procedencia de los materiales y establecer autorizaciones e inspecciones; además, dio al Gobierno estatal y a los municipios 180 días hábiles para expedir sus reglamentos. Sin embargo, casi ocho años después, la revisión del Periódico Oficial no permite localizar el reglamento estatal ordenado por el Congreso.

En ese sentido, la ley sigue vigente y contempla multas, clausuras y decomisos; sin embargo, dejó al reglamento la definición del trámite para obtener autorizaciones, los lineamientos para acreditar el origen de los materiales y algunas garantías ambientales que hasta la fecha no han podido ser cumplidas, por lo que la ley es inoperante.

No se trata de un caso aislado ni único, ya que la Ley de Desarrollo Social fue aprobada el 8 de julio de 2008 y publicada once días después. En su artículo quinto transitorio ordenó expedir el reglamento dentro de 180 días naturales; no obstante, la búsqueda en los repertorios oficiales no arroja una publicación con ese nombre y objeto.

La norma regula programas sociales, padrones, evaluación, zonas de atención prioritaria y mecanismos de participación, pero, al igual que la ley anterior, la falta de reglas secundarias puede producir criterios discrecionales o diferentes entre una dependencia y otra.

El incumplimiento más reciente se encuentra en la Ley de Desarrollo Económico, aprobada el 28 de febrero de 2025 y publicada el 29 de marzo siguiente, en la cual el Congreso fijó 180 días hábiles para que el Ejecutivo emitiera el reglamento, ordenó reformar la regulación interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y dio a dependencias y municipios otro plazo para armonizar sus disposiciones.

No obstante, hasta el 3 de agosto de 2026 no se localizó el nuevo reglamento; mientras tanto, continúa aplicándose parcialmente el correspondiente a la ley anterior, siempre que no contradiga el nuevo ordenamiento.

La ausencia de reglamentos no provoca que las leyes desaparezcan, pero la Suprema Corte ha reconocido que una omisión puede ser jurídicamente relevante cuando existe un mandato constitucional o legal concreto que obliga a una autoridad a actuar y esta no lo ejecuta.

El problema también es de transparencia, porque Colima no cuenta con un inventario público, actualizado y verificable que relacione cada ley vigente con su reglamento, la autoridad responsable, el plazo concedido y la fecha de cumplimiento.

En el caso de la legislación en Colima, la ciudadanía puede encontrar leyes en un portal, reglamentos en otro y publicaciones históricas dispersas por año; por ello, para conocer si una obligación fue cumplida es necesario reconstruir expedientes que el propio Gobierno del Estado y el Congreso local deberían mantener organizados.