Los dueños de nuestra Colima

Malas Compañías

Autor: Mario Alberto Solís Espinosa.

¿Por qué razón la empresa Pinfra, concesionaria de la autopista Colima-Manzanillo actúa con tanta indolencia, negligencia y opacidad frente al reclamo de miles de usuarios de dicho tramo carretero?, ¿cuál es el motivo de que ninguna autoridad estatal reclame y ponga un alto al proceder de dicho consorcio?, ¿qué acuerdos existen entre ambos para que sean incapaces de evitar el desastre en que se ha convertido una de las principales vías de comunicación en la entidad?

Desde finales de 2022, Pinfra inició los trabajos de ampliación de la autopista, en su tramo Manzanillo-Armería, con el compromiso de que la obra estaría concluida en junio de 2024. Sin embargo, dos años después de ese plazo fatal, los trabajos ni siquiera llegan a la mitad de lo proyectado.

El retraso en la ejecución de lo originalmente planteado ha generado accidentes mortales, así como el aumento de varias horas en el traslado de personas y mercancías, con el impacto económico y social que ya resulta evidente para sectores como el hotelero y comercial en Manzanillo.

A pesar del evidente incumplimiento de Pinfra y su incapacidad para ejecutar proyectos de largo alcance, el gobierno de Indira Vizcaíno le entregó, en marzo de 2024, la concesión del tramo de la autopista Colima-Armería, para su rehabilitación y operación, incluyendo la modificación del tramo La Salada.

Esta última obra se realiza exactamente igual que la anterior, es decir sin tomar en cuenta las necesidades de las miles de personas que diariamente transitan por dicha vía, sin aparente orden, con total opacidad y omitiendo rendirle cuentas a nadie, en la plena indiferencia ante los reclamos.

Lo que resulta inconcebible es que Pinfra actúe como se le antoja en un proyecto de enorme trascendencia para el estado. Tal parece que no hay supervisión, control ni mucho menos vigilancia por parte de las autoridades del gobierno estatal, quienes a final de cuentas representan los intereses de los colimenses ante el concesionario.

La laxitud en los trabajos que se realizan en la autopista es generada, en buena parte, por la ausencia de las instituciones gubernamentales en todo lo que tiene que ver con la ejecución de este proyecto. En las obras ni por error se encuentra una autoridad, funcionario o la presencia de la Guardia Nacional para resolver los continuos atorones que se extienden por horas.

Maestros, doctores, enfermeras, comerciantes y usuarios que transitan la autopista por necesidad, han visto un deterioro de su calidad de vida, pues invierten una buena parte de su jornada laboral en traslados que antes no superaban una hora. Todos ellos están solos, nadie los escucha y menos atiende sus reclamos, están en la indefensión total ante una empresa que parece intocable, la dueña de nuestra Colima.

Ante el inexplicable silencio gubernamental se imponen los cuestionamientos: ¿cuál es el origen de la impunidad con que actúa Pinfra en Colima?, ¿qué intereses están en juego en estos proyectos de ampliación y rehabilitación de una carretera que antes de esta intervención, parecía funcionar sin mayores problemas y que ahora se ha convertido en un infierno para los automovilistas?

El gobierno de Indira Vizcaíno Silva está obligado a intervenir, no bastan los encuentros privados que ha sostenido con los representantes de Pinfra; tendrá que pronunciarse de manera pública y contundente para proteger los intereses de los colimenses, exigiendo a la concesionaria que cumpla con plazos, estándares de seguridad y transparencia en la ejecución del proyecto.

Pero además, las autoridades locales tendrán que asumir una postura de mayor firmeza en torno a la operación de la empresa concesionaria en la entidad, pues hasta ahora Pinfra actúa al margen de cualquier fiscalización, como si el destino de miles de usuarios de la autopista les importara poco menos que nada.

La ausencia de las instituciones en esta problemática es tan inadmisible como inexplicable. El gobierno estatal debe asumirse como representante de la sociedad colimense y no como garante de los intereses de consorcios comerciales, a menos de que existan beneficios mutuos que hasta ahora se desconocen.

NOTAS SUELTAS. Ya no solo Rosa María Bayardo, ahora son muchos otros los personajes que realizan campaña electoral adelantada sin el menor pudor. Se ha instaurado ya en la clase política local el convencimiento de que puede torcerse la ley sin consecuencias, eso es peligroso, pues los ciudadanos tienden a imitar el comportamiento de sus gobernantes. Por lo pronto, todos esos adelantados deberán entender que si logran una candidatura, primero, y un cargo de poder, después, habrán llegado a través de un proceso manchado por la ilegalidad, es decir que serán ilegítimos de origen.