Diputados aprueban ley para garantizar el derecho a la alimentación, pero sin asignar presupuesto

Colima, México, Avanzada (16/07/2026).- El Congreso del Estado aprobó este miércoles una nueva ley que amplía las obligaciones del Gobierno del Estado y de los diez ayuntamientos para garantizar el derecho humano a la alimentación; sin embargo, el decreto no fija una partida presupuestal específica para cumplir ese objetivo, por lo que cada administración deberá determinar, dentro de sus propios presupuestos, cuánto dinero destinará a las nuevas responsabilidades.

En Colima, 21 mil 300 personas viven en pobreza extrema, condición que implica graves carencias, entre ellas dificultades para acceder a una alimentación suficiente y adecuada. Por lo tanto, la nueva legislación obliga a las autoridades estatales y municipales a desarrollar políticas públicas que garanticen el acceso a alimentos saludables, suficientes y de calidad para la población, especialmente para los grupos más vulnerables.

La nueva Ley para la Alimentación Adecuada y Sostenible del Estado de Colima establece que las autoridades deberán promover la producción, el abasto, la distribución y el consumo de alimentos nutritivos y sostenibles. Asimismo, ordena fortalecer la seguridad y la soberanía alimentaria, impulsar la producción local y coordinar acciones entre dependencias estatales, municipios y sociedad civil para hacer efectivo ese derecho.

Además, la legislación distribuye responsabilidades concretas entre distintas instituciones. Por ejemplo, la Subsecretaría de Desarrollo Rural deberá fortalecer la producción agroalimentaria y apoyar a productores locales, mientras que el Gobierno del Estado y los municipios estarán obligados a desarrollar políticas para garantizar una alimentación adecuada a niñas, niños, mujeres embarazadas y personas que habitan en zonas de alta y muy alta marginación.

Por otra parte, la ley también ordena crear Consejos Intersectoriales Municipales y Comités de Alimentación para que la ciudadanía participe en las acciones relacionadas con la producción, distribución y consumo de alimentos. De igual forma, contempla la emisión de declaratorias de emergencia alimentaria cuando fenómenos naturales u otras contingencias afecten el acceso de la población a los alimentos.

No obstante, el propio decreto deja claro que las nuevas obligaciones deberán cumplirse con los recursos disponibles. El cuarto artículo transitorio establece textualmente: “Las obligaciones y erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente Ley se sujetarán a los recursos económicos aprobados expresamente para esos fines, en los respectivos presupuestos de egresos del Gobierno del Estado de Colima y los gobiernos municipales en su ámbito de competencia legal, por lo que no se autorizarán ampliaciones a su presupuesto para el ejercicio fiscal anual en curso y subsecuentes”.

Finalmente, la propia ley dispone que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Colima. A partir de ese momento comenzarán a correr los plazos para emitir el reglamento, instalar el Consejo Intersectorial Estatal y poner en marcha las acciones previstas en la nueva legislación. Para ello, establece 180 días naturales para que el Poder Ejecutivo emita el reglamento de la ley.