Aplicarán 13 mil tamizajes para detectar adicciones y problemas de salud mental en Colima

Colima, México, Avanzada (12/07/2026).- El Gobierno del Estado de Colima realizará durante 2026 un total de 13 mil 310 tamizajes para detectar de manera oportuna a personas con riesgo de desarrollar adicciones o presentar problemas de salud mental, como parte de un convenio de colaboración suscrito con la Federación y publicado el pasado 11 de julio en el Periódico Oficial del Estado.

El acuerdo establece la transferencia de 6 millones 338 mil 873 pesos de recursos federales para fortalecer las acciones de prevención, atención y control de la salud mental y las adicciones, mediante el Programa E-032 “Servicios de Atención a la Salud Mental y Prevención de las Adicciones”.

De acuerdo con el documento, los tamizajes forman parte de una estrategia de detección temprana que permitirá identificar a personas en situación de riesgo para canalizarlas, en caso de ser necesario, a servicios especializados de atención.

Además de las pruebas de detección, el convenio fija como metas para 2026 la realización de 938 consultas de primera vez por consumo de sustancias y problemas de salud mental, así como 4 mil 973 consultas subsecuentes para dar seguimiento a los pacientes.

El programa también contempla mil 263 actividades de promoción y prevención, con una participación estimada de 126 mil 300 personas, además de 480 acciones de prevención del suicidio, con un alcance proyectado de más de 408 mil personas.

Entre las acciones previstas se incluyen la supervisión de centros de atención, la formación de promotores comunitarios, campañas informativas y la creación de redes comunitarias para fortalecer la prevención y el acceso oportuno a los servicios de salud mental.

El convenio fue celebrado entre la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), dependiente de la Secretaría de Salud federal, y el Gobierno del Estado de Colima, a través de las secretarías de Salud y de Planeación, Finanzas y Administración.

Como parte de los compromisos asumidos, la administración estatal deberá destinar los recursos exclusivamente a las acciones previstas en el programa, presentar informes mensuales y trimestrales sobre su ejercicio, conservar la documentación comprobatoria y promover mecanismos de contraloría social para supervisar la aplicación del presupuesto.

Por su parte, la Federación será responsable de transferir los recursos, verificar su correcta utilización, brindar asesoría técnica y dar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas.

El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y prevé mecanismos de fiscalización, así como la posibilidad de rescindirlo de manera anticipada en caso de incumplimiento o uso indebido de los recursos.