Colima, México, Avanzada (09/07/2026).- La organización internacional Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información, advirtió que, a más de un año de la entrada en vigor de la nueva Ley General de Transparencia, persisten obstáculos para que la ciudadanía pueda obtener información pública en México y que, en algunos aspectos, las condiciones para ejercer ese derecho se han deteriorado.
A través de un video difundido en sus redes sociales, la organización civil señaló que, a más de un año de la reforma legal, aún existen sujetos obligados que no han sido incorporados a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), lo que limita el acceso a información pública. Además, expuso que las causales legales para reservar información aumentaron de 13 a 17, ampliando las posibilidades de que las autoridades nieguen datos solicitados por la ciudadanía.
Nayelli Torres, investigadora de Artículo 19, sostuvo que esa modificación representa “más excusas disfrazadas de argumentos” para restringir el acceso a la información pública. Añadió que la desaparición de los órganos garantes autónomos también modificó el mecanismo para impugnar las respuestas de las autoridades, pues las inconformidades ya no serán resueltas por un organismo independiente.
La especialista explicó que, bajo el nuevo esquema, las quejas por la negativa de información o por respuestas incompletas serán atendidas por la propia autoridad señalada o por una institución jerárquicamente vinculada a ella, lo que, afirmó, reduce las garantías de imparcialidad para quienes buscan ejercer su derecho a saber.
Torres indicó que, una vez agotada esa vía administrativa, el acceso a la información dependerá de un juicio de amparo ante tribunales especializados en la materia. Sin embargo, advirtió que, tras la reforma judicial, aún existe incertidumbre sobre si las personas que conocerán y resolverán esos asuntos contarán con la especialización necesaria en materia de transparencia y acceso a la información.
Por su parte, Abigail Castellanos, también investigadora de Artículo 19, señaló que este nuevo modelo implica la judicialización del derecho de acceso a la información, es decir, que la defensa de ese derecho se traslada a los tribunales.
Consideró que el futuro de la transparencia en México aún es incierto y alertó que los cambios podrían traducirse en procedimientos más complejos, prolongados, costosos y opacos para la ciudadanía. Ambas investigadoras añadieron que la legislación incorpora conceptos como “paz social” e “interés del Estado” entre las causales para reservar información, lo que, a su juicio, amplía el margen de discrecionalidad de las autoridades para negar el acceso a documentos públicos.
Artículo 19 es una organización internacional de derechos humanos fundada en 1987 y con presencia en varios países, incluido México. Su labor se centra en la defensa de la libertad de expresión, la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como en la promoción del derecho de acceso a la información pública. Su nombre hace referencia al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información e ideas.