Morena impulsa cobros al transporte público y plataformas digitales tras rechazo del Congreso

Colima, México, Avanzada (25/06/2026).- Apenas una semana después de que el Congreso local rechazara la propuesta enviada por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, la fracción parlamentaria de Morena volvió a presentar la iniciativa para reformar la Ley de Hacienda del Estado de Colima, la cual contempla una serie de actualizaciones en cobros y derechos que impactarían directamente a concesionarios, permisionarios y usuarios del transporte público y privado operado mediante aplicaciones tecnológicas como Uber Technologies, Inc. y DiDi Global.

La iniciativa plantea, entre otros puntos, la autorización para cobrar por la transmisión de derechos de concesiones de transporte público, la operación de transporte adaptado para personas con discapacidad, el uso de puntos de parada y la operación de vehículos mediante plataformas tecnológicas.

La propuesta, que originalmente fue enviada por la mandataria estatal y rechazada el pasado 17 de junio por la mayoría de los diputados, busca ahora, en un segundo intento, establecer el cobro de 30 UMAs —equivalentes a 3 mil 519 pesos en 2026— por concepto de derechos y autorización de permisos con vigencia de un año para el servicio de transporte privado por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas.

En la exposición de motivos de la iniciativa, presentada ante el Congreso el pasado 19 de junio, la bancada de Morena argumenta que el artículo 55 de la ley establece los costos por servicios prestados en materia de movilidad, y que el numeral 2 menciona la transmisión de derechos entre personas físicas, lo que podría dar lugar a interpretaciones erróneas y suponer la imposibilidad de realizar dicho trámite administrativo, o incluso la omisión de pago cuando la transmisión ocurre entre una persona moral y una física, lo cual —señala— es incorrecto.

Uno de los puntos más polémicos es el cobro por la transmisión de derechos de concesión del servicio de transporte público individual motorizado, fijado en 440 UMAs, equivalentes a 51 mil 616.40 pesos. Para la transmisión de derechos entre personas físicas y morales, o entre personas morales, el monto sería de 110 UMAs, es decir, 12 mil 903 pesos.

En el caso del transporte público adaptado para personas con discapacidad, los cobros propuestos serían de aproximadamente 2 mil 932 pesos por un año de vigencia, aunque el monto podría variar de acuerdo con el valor actualizado de la UMA.

La semana pasada, durante la discusión inicial de la iniciativa, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, Alberto Partida Valencia, advirtió que, aunque Morena sostiene que la reforma busca garantizar la movilidad como un derecho humano y mejorar la accesibilidad, en los hechos la propuesta incorpora nuevos cobros y derechos que representarían una carga económica considerable para quienes operan y utilizan el transporte público en Colima, costos que eventualmente terminarían trasladándose a los ciudadanos.