El patrimonio que desapareció

Colima, México, Avanzada (02/06/2026).- Durante las últimas dos décadas, una parte importante del patrimonio público de los colimenses dejó de pertenecer al Estado y pasó a manos privadas mediante procesos de venta, subasta o concesión. Aviones, helicópteros, terrenos y activos estratégicos fueron desincorporados bajo distintos argumentos administrativos, financieros o de austeridad.

Lo que permanece ausente es una rendición de cuentas integral que permita reconstruir con claridad el destino final de los recursos obtenidos por esas operaciones que pertenecían al patrimonio de los colimenses.

Por ejemplo, un año después de la muerte del gobernador Gustavo Vázquez Montes en el accidente aéreo ocurrido el 24 de febrero de 2005, el Gobierno de Colima adquirió un nuevo avión Beechcraft King Air B200, con un costo cercano a los 4.9 millones de dólares.

La aeronave permaneció al servicio del gobierno estatal durante una década. En septiembre de 2015, durante la administración de Ignacio Peralta Sánchez, se anunció su venta bajo el argumento de que representaba costos elevados de operación y mantenimiento, que ascendían a los 60 mil dólares mensuales. La administración estatal informó que esperaba obtener alrededor de 2.5 millones de dólares y aseguró que los recursos serían destinados a salud e infraestructura deportiva.

Con el paso de los años, la venta del avión se convirtió en uno de los casos emblemáticos de la reducción del patrimonio estatal. A pesar de la relevancia de la operación, no existe una rendición pública consolidada que permita a cualquier ciudadano identificar de manera sencilla el monto final recibido, las cuentas de ingreso, los proyectos financiados y el seguimiento puntual de esos recursos.

La misma lógica se repitió con el helicóptero Robinson R44 Raven II, propiedad del Gobierno del Estado. El 31 de mayo de 2017 fue puesto a subasta con un precio base de 969 mil 608 pesos y finalmente adjudicado por 2 millones 454 mil 444 pesos.

La operación fue presentada como una medida de eficiencia financiera. Sin embargo, la información pública disponible no ofrece una trazabilidad clara y accesible sobre el destino específico de los recursos obtenidos por la venta.

Los anteriores no son los únicos ejemplos. El 12 de febrero de 2025, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó que su administración investigaba la venta de la Ecogranja de Villa de Álvarez, un inmueble utilizado durante años por el DIF Estatal para actividades educativas dirigidas a los infantes.

De acuerdo con la información dada a conocer por el gobierno estatal, el predio habría sido vendido durante la administración anterior a un precio aproximado de 240 pesos por metro cuadrado. El caso motivó una revisión jurídica debido a la diferencia entre ese monto y los valores comerciales estimados para la zona, pero hasta la fecha no se ha informado a quién se le vendió ni los avances en las investigaciones.

La Ecogranja había sido concebida como un espacio de aprendizaje ambiental, así como de recreación, durante los gobiernos de Silverio Cavazos y Mario Anguiano Moreno. Su desaparición del patrimonio estatal se sumó a una lista creciente de activos públicos que dejaron de estar bajo control gubernamental.

Además, el 15 de marzo de 2024, el Gobierno Federal otorgó la operación y explotación de la carretera Colima-Manzanillo, en el tramo de La Salada, al Gobierno de Colima, y este decidió concesionarla a una empresa privada por una duración de 30 años, según se detalla en el dictamen publicado en el Periódico Oficial El Estado de Colima el 10 de mayo de 2024. La concesión de la autopista Colima-Armería se entregó mediante una asociación público-privada a la empresa Pinfra, que será la encargada de la ampliación, operación y explotación de la vía por un periodo de 30 años.

La decisión fue presentada como una manera de atraer inversiones destinadas a modernizar la carretera y el puerto de Manzanillo. Al mismo tiempo, implicó transferir a un operador privado el aprovechamiento de una infraestructura que había sido entregada previamente al Estado.

En la última década, aviones, helicópteros, inmuebles y derechos de explotación sobre infraestructura estratégica dejaron de formar parte del patrimonio administrado directamente por el gobierno.

La documentación oficial permite conocer las decisiones administrativas que dieron origen a cada operación, pero lo que permanece disperso, fragmentado o insuficientemente explicado es la ruta completa de los recursos obtenidos.

Los anuncios de venta, las subastas y las concesiones fueron públicos; sin embargo, fue mucho menos visible el seguimiento posterior del dinero generado por esas decisiones.

Dos décadas después, el saldo patrimonial muestra que el Estado posee menos activos que antes, aunque lo que no ha sido explicado con el mismo nivel de detalle es el beneficio patrimonial equivalente que recibieron los colimenses a cambio de cada uno de esos bienes que dejaron de formar parte del patrimonio público.