Permanecen en la impunidad 109 denuncias por actos de corrupción

Colima, México, Avanzada (18/05/2026).— A pesar de los discursos constantes sobre fiscalización y combate a la corrupción, las posibles irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos permanecen en la impunidad. De las 109 denuncias penales interpuestas por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ninguna ha sido resuelta, de acuerdo con información recabada por AVANZADA.

Las querellas derivan de la revisión de las cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2017 a 2023, periodo en el que fueron auditados los tres órdenes de gobierno, los diez ayuntamientos y diversos organismos descentralizados. La cuenta pública de 2024 aún se encuentra en proceso de análisis.

Conforme a la ley y al protocolo interno del OSAFIG, la Unidad de Investigación del organismo revisa las observaciones detectadas durante las auditorías y determina cuáles podrían constituir delitos, por lo que presenta las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, después de su presentación, no existe información pública sobre avances significativos en las investigaciones.

Entre las instituciones señaladas en las denuncias se encuentran el Poder Ejecutivo, así como los municipios de Armería, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez, Tecomán, Colima e Ixtlahuacán. También figuran organismos operadores de agua potable, la Comisión de Derechos Humanos y sistemas DIF municipales de Armería, Coquimatlán e Ixtlahuacán, en distintos ejercicios fiscales comprendidos entre 2017 y 2023.

En 2022, el entonces fiscal anticorrupción, Mario Ochoa, pidió al Congreso del Estado autonomía financiera para la Fiscalía Anticorrupción, a fin de poder contratar más personal operativo. Al no contar con autonomía financiera, la dependencia opera con los recursos que le asigna la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con datos oficiales, la Fiscalía Anticorrupción acumula cerca de 900 carpetas de investigación relacionadas con presuntos actos de corrupción cometidos por servidores públicos, entre ellas las interpuestas por el OSAFIG.

Aunque las limitaciones presupuestales han frenado el avance de las indagatorias, las autoridades sostienen que ninguna de las denuncias ha prescrito, aunque algunas lleven casi nueve años bajo investigación.