Revelan sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a funcionarios

México, Avanzada (29/04/2026).- Una acusación formal presentada en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, revela que los implicados habrían recibido millones de dólares en sobornos del narcotráfico, incluyendo pagos periódicos para facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Drug Enforcement Administration (DEA) y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los acusados presuntamente colaboraron con dicha organización criminal para introducir grandes cantidades de drogas a Estados Unidos, a cambio de beneficios económicos y respaldo político.

La investigación detalla que los funcionarios no solo recibieron pagos en conjunto por varios millones de dólares, sino que algunos mantenían ingresos mensuales directos provenientes del cártel. Entre los casos documentados, destaca el de Dámaso Castro Zaavedra, fiscal adjunto en Sinaloa, quien presuntamente percibía alrededor de 11 mil dólares mensuales por proteger a integrantes de la organización e informarles sobre operativos.

Asimismo, Juan Valenzuela Milán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, habría recibido más de mil 600 dólares mensuales, a cambio de permitir el uso de la corporación para actividades criminales, incluyendo secuestros y asesinatos.

En el caso del propio Rubén Rocha Moya, la acusación no especifica una cantidad mensual, pero señala que recibió sobornos cuantiosos y apoyo del grupo criminal conocido como “Los Chapitos” —ligado a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera— para llegar al poder, comprometiéndose posteriormente a brindar protección a sus operaciones.

La acusación incluye también a figuras como el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros funcionarios de seguridad y exmandos policiales, quienes habrían participado en esta red de corrupción a distintos niveles.

Según las autoridades estadounidenses, el dinero recibido por los funcionarios formaba parte de un esquema sistemático de corrupción que permitió al cártel operar con impunidad, garantizando protección institucional, filtración de información y uso de fuerzas de seguridad para resguardar cargamentos de droga.

Los acusados enfrentan cargos por narcotráfico y delitos relacionados con armas, con penas que van desde mínimos obligatorios de 40 años hasta cadena perpetua, en un caso que, según fiscales estadounidenses, exhibe el grado de penetración del crimen organizado en estructuras gubernamentales.

Las autoridades subrayaron que las acusaciones son preliminares y que los implicados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, mientras el proceso judicial avanza en tribunales de Estados Unidos.