Colima, México, Avanzada (09/04/2026).- En Colima, diputados locales y federales han intensificado su actividad en redes sociales y en colonias populares mediante estrategias de promoción personal, mientras que las funciones sustantivas del Congreso permanecen en segundo plano.
Legisladores como la diputada federal del PAN, Julia Jiménez, así como las morenistas Mirella Martínez, Andrea Naranjo y Yommira Barreto, han impulsado concursos y rifas digitales, incluyendo la entrega de boletos para conciertos, con el objetivo de aumentar su visibilidad y posicionamiento entre el electorado.
A estas prácticas se suma la diputada Glenda Ochoa, quien ha promovido la venta de pollo y huevo a bajo costo en colonias de la capital mediante una camioneta con perifoneo que difunde su nombre, lo que ha generado críticas por posible competencia desleal.
En tanto, el diputado de Manzanillo, Octavio Larios, distribuyó botes de basura rotulados con su nombre y difundió la actividad en redes sociales. El municipio que representa enfrenta altos niveles de violencia homicida, problemática sobre la cual el legislador ha tenido escasa presencia pública.
De acuerdo con el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Colima, los diputados tienen como funciones legislar, supervisar el ejercicio del gasto público y debatir asuntos de interés social. Ninguna de estas atribuciones contempla actividades como rifas, concursos o venta de productos.
Entre sus responsabilidades principales se encuentra la revisión de la Cuenta Pública, tarea que debe realizarse con apoyo del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG). Sin embargo, en la práctica, el Congreso ha delegado la fiscalización a dicho órgano, limitándose a aprobar los informes sin evaluaciones propias.
Asimismo, aunque el artículo 28 constitucional protege la libertad de expresión parlamentaria, la mayoría legislativa ha evitado que el Congreso fije posturas firmes en temas como seguridad, desapariciones y servicios de salud.
El resultado es que los colimenses tienen legisladores con alta presencia en redes sociales, pero con limitada participación en la discusión de fondo y en la supervisión del poder público.