Ciudad de México, Avanzada (17/03/2026).- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Senado de la República de una iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan B”, orientada a reducir privilegios en el sistema político, disminuir costos y fortalecer la participación ciudadana, luego de que no prosperara una reforma constitucional más amplia por falta de mayoría calificada en el Congreso.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la propuesta tiene como eje la austeridad republicana, al establecer que ningún funcionario electoral, dirigente partidista o servidor público pueda ganar más que la titular del Ejecutivo federal. La medida aplicaría a integrantes del Instituto Nacional Electoral, tribunales electorales y órganos locales, además de eliminar prestaciones como bonos, seguros de gastos médicos privados y otros beneficios adicionales.
El proyecto también plantea una reducción en el tamaño y costo de estructuras gubernamentales, al limitar el número de regidores municipales a un rango de entre siete y quince, así como fijar un tope de 0.7 por ciento del presupuesto estatal para el gasto de los congresos locales. De acuerdo con el gobierno federal, estos ajustes permitirían generar ahorros por hasta cuatro mil millones de pesos, recursos que serían redirigidos a obras de infraestructura en estados y municipios.
En materia de partidos políticos, la iniciativa refuerza los mecanismos de fiscalización al obligar a transparentar las remuneraciones de sus dirigentes, reportar operaciones financieras en tiempo real y prohibir el uso de recursos ilícitos, aportaciones en efectivo o financiamiento proveniente del extranjero. Además, se contempla que la autoridad electoral pueda coordinarse con instancias financieras para verificar el origen de los recursos utilizados en campañas.
Otro de los cambios relevantes es la modificación en los tiempos del cómputo electoral, ya que se propone iniciar el conteo de votos de manera inmediata al cierre de la jornada, en cuanto llegue el primer paquete a los consejos distritales, con el objetivo de evitar posibles irregularidades en los días posteriores. Asimismo, se plantea ampliar el mecanismo de revocación de mandato para que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, a solicitud de la ciudadanía.
La presidenta reconoció que la reforma constitucional original no avanzó debido a la negativa de partidos de oposición y algunos aliados a respaldar medidas como la reducción del financiamiento público a los partidos y la eliminación de legisladores plurinominales. No obstante, sostuvo que su administración continuará impulsando cambios para disminuir el costo del sistema electoral y eliminar privilegios en la función pública.
“Vamos a seguir insistiendo en que no se gaste tanto en los procesos electorales ni en los partidos políticos”, afirmó.