Observaciones de la ASF por más de 203 millones al gobierno de Colima aún no han sido aclaradas

Colima, México, Avanzada (02/03/2026).- El Gobierno de Colima no ha aclarado el destino de más de 203 millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública 2023, donde detectó presuntas irregularidades como falta de documentación comprobatoria, sobrecostos y recursos ejercidos fuera de la normatividad federal.

En las actualizaciones más recientes para saber el monto de lo aclarado hasta este 2026, no aparece información actualizada y lo que se encuentra en la página de la ASF es el informe de auditoría con las observaciones correspondientes. 

El monto observado equivale al 9.5 por ciento del total de la muestra auditada en la entidad, el porcentaje más alto registrado a nivel nacional. Las observaciones evidencian deficiencias en el manejo de recursos federales transferidos a través de distintos fondos, sin que hasta ahora exista claridad total sobre su aplicación.

El mayor monto corresponde al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP), donde la ASF determinó que el Gobierno estatal debe justificar el uso de 141 millones 400 mil pesos. La auditoría identificó la ausencia de documentación que respalde el gasto, así como pagos por servicios que no fueron acreditados y erogaciones en conceptos no autorizados.

A estas observaciones se suman 18 millones 200 mil pesos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), donde se detectaron pagos con sobrecostos y falta de comprobación documental. En ambos casos, los recursos estaban destinados a fortalecer las capacidades de seguridad en una entidad que enfrenta altos niveles de violencia.

En total, la ASF identificó que al menos 180 millones de pesos vinculados a rubros de seguridad pública fueron utilizados violentando la normatividad fiscal, lo que pone en entredicho el manejo de recursos en un área considerada prioritaria para la población.

Las auditorías federales forman parte de los mecanismos de control para transparentar el uso del dinero público y detectar posibles irregularidades en su ejercicio. Sin embargo, mientras las observaciones no sean solventadas, persiste la incertidumbre sobre el destino final de los recursos transferidos al Gobierno estatal.

Hasta el momento, la administración estatal no ha informado públicamente si ya inició los procesos para aclarar las observaciones ni ha detallado las acciones emprendidas para corregir las irregularidades detectadas por el máximo órgano fiscalizador del país.