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Los hombres del presidente

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A un año de asumir la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum enfrenta una disyuntiva que la historia política mexicana conoce bien: gobernar con el poder heredado o ejercer el poder propio. Si bien es innegable la deuda política con Andrés Manuel López Obrador —sin cuyo respaldo difícilmente habría llegado a Palacio Nacional—, la lógica del poder real es menos sentimental y mucho más implacable.

Para consolidar su autoridad, la presidenta necesita deshacerse, o al menos neutralizar, todo aquello que huela a López Obrador en el ejercicio cotidiano del gobierno. De no hacerlo, el expresidente seguirá presente no como referente moral, sino como fantasma político, rondando los pasillos de Palacio Nacional e interfiriendo, simbólica y materialmente, en la toma de decisiones.

Ese fantasma tiene nombre y apellido en varios de los llamados hombres del presidente.

De todos los perfiles del obradorismo duro, Adán Augusto López Hernández es quien atraviesa la crisis más profunda y evidente. Su salida, el 1 de febrero de 2026, de la coordinación de los senadores de Morena no fue un simple relevo administrativo, sino un síntoma de desgaste político extremo.

La renuncia ocurrió tras los señalamientos graves por presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora durante su gestión como gobernador de Tabasco, además de cuestionamientos financieros que han ido escalando en el ámbito público: una partida de 800 millones de pesos sin transparencia en el Senado, así como otros por presunto enriquecimiento ilícito y un posible daño patrimonial cercano a los 700 millones de pesos.

Aunque López Hernández se autodefine hoy como “un soldado más” del movimiento, para amplios sectores políticos su permanencia se volvió insostenible para el gobierno de Sheinbaum. No solo por los señalamientos en su contra, sino porque representa el símbolo más claro del obradorismo de operación política dura, ese que la presidenta necesita dejar atrás si pretende gobernar sin tutelas.

Como expresidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña mantiene visibilidad, pero esa misma exposición se ha convertido en un problema para el nuevo gobierno. Su estilo irreverente, confrontativo y personalista sigue chocando con la narrativa institucional que busca construir la presidenta.

Las críticas por viajes de lujo han puesto en entredicho su discurso histórico de austeridad republicana, generando incluso incomodidad dentro de Morena. A ello se suma la polémica internacional de enero de 2026, cuando defendió con vehemencia al régimen de Nicolás Maduro, provocando acusaciones de doble rasero frente a crisis de derechos humanos.

Dentro del propio movimiento, algunos lo consideran ya un “activo tóxico”: útil para la movilización de bases duras, pero perjudicial para la imagen de un gobierno que intenta proyectarse como serio, técnico y confiable. Su problema no es la falta de respaldo popular, sino su incapacidad para evolucionar políticamente.

El caso de Mario Delgado Carrillo es distinto, pero no menos complejo. Como secretario de Educación Pública, su margen político se ha visto afectado por una tragedia personal que sacudió a la opinión pública: el asesinato de su tía y su prima en Colima, el 31 de enero de 2026, en un hecho que volvió a colocar la violencia en el centro del debate nacional.

El impacto político es innegable. La tragedia personal escaló a la esfera nacional luego de que la prensa recordara los señalamientos de dinero de dudosa procedencia en las campañas de Morena cuando fue presidente de ese partido político. Su cercanía histórica con Andrés Manuel y su papel como ejecutor electoral del obradorismo lo colocan en una posición incómoda: no termina de consolidarse como cuadro propio de Sheinbaum, ni logra desprenderse del pasado inmediato. Hoy, su permanencia parece más ligada a la lealtad que a la proyección política.

Ricardo Monreal ha optado por otro camino. Su declaración del 3 de febrero de 2026 —“mi ciclo en el servicio público está por concluir”— fue interpretada como un acto de realismo político. A diferencia de otros, Monreal entiende que su tiempo dentro del movimiento se agota y que la renovación generacional no es solo un discurso, sino una necesidad.

Aunque sigue respaldando públicamente a la presidenta, su mensaje es claro: no será un obstáculo para la reconfiguración del poder. En un entorno de tensiones, su salida ordenada contrasta con el desgaste de otros liderazgos.

En este proceso de deslinde, Claudia Sheinbaum también enfrenta un tema incómodo: la presencia política de los hijos de López Obrador. Sin el peso político ni la estatura de los viejos operadores, su influencia resulta limitada, pero no irrelevante.

Son talentos menores, sin trayectoria propia consolidada, pero su cercanía simbólica con el expresidente los convierte en recordatorios permanentes del pasado. Para un gobierno que busca identidad propia, incluso esos vínculos resultan un estorbo.

La presidenta tiene ante sí una decisión inevitable: romper políticamente con el obradorismo operativo o convivir con su sombra. No se trata de una traición ni de un ajuste de cuentas, sino de una regla básica del poder: quien no construye su propio equipo termina gobernando con los restos del anterior.

Si Claudia Sheinbaum no forma cuadros propios y redefine lealtades, el fantasma de Macuspana seguirá recorriendo los pasillos de Palacio Nacional. En política no hay herencias eternas: quien no gobierna con poder propio termina gobernado por sus fantasmas.

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