El rezago sigue: Ombudsperson reconoce a una Comisión estancada en el burocratismo

Colima, México, Avanzada (28/01/2026).– Al presentar su informe anual de labores ante el Congreso del Estado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Manuel Vega Zúñiga reconoció que, a un año de haber asumido el cargo, el rezago, la burocratización y la falta de personal son los principales obstáculos del organismo, pese a los esfuerzos emprendidos para transformar su modelo de gestión.

El ombudsperson recordó que al asumir la presidencia de la Comisión, el 26 de noviembre de 2024, se encontró con una institución en crisis. “Me encontré con una comisión con un rezago, por decirlo menos, preocupante. Literalmente, centenares de expedientes sin resolver desde 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024”, expuso ante el pleno, al describir un modelo de gestión que calificó como caduco y excesivamente burocratizado.

Un año después, el diagnóstico sigue siendo severo. El propio titular del organismo defensor admitió que los problemas estructurales no se han superado. “El rezago sigue, la burocratización sigue, la falta de personal sigue”, reconoció, al subrayar que la Comisión aún enfrenta una carga excesiva de expedientes por visitaduría y limitaciones materiales que impiden una atención ágil y oportuna a la ciudadanía.

Lejos de un discurso triunfalista, el ombudsperson fue enfático en que la transformación institucional no depende únicamente de la voluntad del titular, sino de cambios estructurales más profundos. “No vengo hoy con un discurso triunfalista diciendo que todo ha cambiado, porque no es así”, afirmó, al señalar que un verdadero cambio requiere infraestructura, tecnología, personal suficiente y capacitado, así como una madurez institucional de las autoridades señaladas como responsables.

En este contexto, explicó que durante 2025 se sentaron las bases de un nuevo modelo de gestión, orientado a reducir el rezago mediante la recuperación de la gestión como mecanismo alternativo de solución de conflictos. Como resultado, las gestiones atendidas pasaron de 59 en 2024 a 234 en 2025, de las cuales 173 ya fueron resueltas satisfactoriamente, lo que permitió agilizar casos sencillos que antes se prolongaban durante años.

No obstante, reconoció que la Comisión aún arrastra carencias clave: la digitalización de expedientes avanza de manera parcial, los equipos de cómputo siguen siendo obsoletos en buena parte del organismo y no existen visitadurías regionales que acerquen los servicios a municipios como Manzanillo o Tecomán. Por ello, planteó al Congreso la necesidad de contar con un “ombus móvil”, una oficina itinerante que permita atender quejas en los diez municipios del estado.

El informe también incluyó una autocrítica institucional al reconocer que la Comisión operaba sin un plan rector ni planes operativos anuales que permitieran evaluar su desempeño. En respuesta, se presentaron por primera vez instrumentos de planeación y un plan operativo para 2026, con metas e indicadores de seguimiento.

En materia de recomendaciones, el ombudsperson defendió su carácter jurídico y pedagógico, y criticó a las autoridades que se negaron a aceptarlas sin hacer públicas las razones. “Una recomendación no es para esconderla debajo de la alfombra”, advirtió, al informar que los casos de no aceptación ya fueron impugnados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Pese a los avances reportados —como el incremento del 64 por ciento en recomendaciones emitidas y la implementación de proyectos con madres buscadoras y mujeres privadas de la libertad—, el mensaje central del informe fue claro: la Comisión de Derechos Humanos de Colima sigue enfrentando los mismos vicios estructurales que encontró hace un año, y su superación dependerá no solo de ajustes administrativos, sino de una reforma constitucional y legal de fondo, así como del respaldo presupuestal y político del Congreso del Estado.

“La justicia no puede seguir siendo una dádiva ni un trámite eterno”, concluyó el ombudsperson, al insistir en que la defensa de los derechos humanos exige pasar del discurso a transformaciones reales en las instituciones.