Expertos denuncian manipulación de cifras oficiales sobre violencia

Ciudad de México, Avanzada (28/12/2025).– Los datos de homicidios dolosos y delitos de “alto impacto” que el gobierno federal ha difundido como prueba de una supuesta reducción de la violencia en México ya no son confiables ni útiles para dimensionar la realidad del crimen en el país, advierten especialistas en seguridad consultados por la revista Proceso.

De acuerdo con la investigación publicada por ese medio y firmada por el periodista Rafael Croda, académicos y analistas coinciden en que las cifras oficiales presentan “serias fallas técnicas” y reflejan una manipulación deliberada de la información, derivada de cambios metodológicos poco claros y del uso de categorías estadísticas que diluyen el número real de homicidios dolosos.

Uno de los principales señalamientos es que una cantidad significativa de asesinatos está siendo registrada como “otros delitos contra la vida”, mientras que numerosas desapariciones que, en los hechos, corresponden a homicidios, no son clasificadas como tales, lo que distorsiona los indicadores tradicionales de violencia letal, según los expertos citados por Proceso.

La preocupación se agrava con el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de “actualizar” las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), pues el 18 de diciembre pasado, la mandataria informó que, a partir de ahora, sólo se considerará como persona desaparecida a aquella cuyo caso tenga abierta una carpeta de investigación, un cambio que, advierten especialistas, podría reducir artificialmente el número de desapariciones reportadas.

Aunque el gobierno sostiene que los homicidios dolosos han disminuido y que ello prueba la eficacia de la estrategia de seguridad, la percepción de inseguridad pública aumentó de 58.6% a 63% en el último año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mientras que las desapariciones registraron un incremento significativo durante el actual gobierno.

El propio RNPDNO reporta que entre el 1 de octubre de 2024, cuando Sheinbaum asumió la presidencia, y el 30 de septiembre de 2025, se registraron 14 mil 761 personas desaparecidas y no localizadas.

Esta cifra representa un aumento de 54% respecto al promedio anual del sexenio anterior, que fue de nueve mil 582 casos.

Para Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, existe “una manipulación directa de las cifras de incidencia delictiva con fines políticos” para sostener la idea de que el país avanza hacia una pacificación.

Esa narrativa, explica en entrevista con Proceso, resulta políticamente rentable: sirve para contrarrestar a la oposición, construir un legado propio dentro de Morena y sostener ante Estados Unidos que México combate eficazmente al crimen organizado.

Sin embargo, advierte Vargas, los datos muestran comportamientos “anómalos” en varias entidades. En la Ciudad de México, por ejemplo, entre enero y octubre de este año se reportaron 714 víctimas de homicidio doloso, pero en el mismo periodo se registraron mil 37 víctimas de “otros delitos contra la vida” y mil 998 personas desaparecidas, cifras que ponen en duda la validez de los indicadores oficiales.

En la misma línea, Rodrigo Peña, director ejecutivo del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, sostiene que desde hace décadas los gobiernos han privilegiado el homicidio como principal indicador de violencia, lo que ha convertido el manejo de las cifras en un instrumento político. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, señala, esta lógica derivó en ajustes de datos para “estabilizar la curva” de homicidios y minimizar el impacto de un sexenio marcado por cifras históricas de violencia y desapariciones.

Los especialistas consultados por Proceso coinciden en que la forma actual de medir la violencia en México dejó de ser útil para enfrentar el fenómeno criminal. Temen, además, que la actualización del RNPDNO anunciada por el gobierno federal vuelva aún más opaco y menos confiable el sistema de medición de la violencia letal.

Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, advierte que el problema de fondo es la descomposición de las fiscalías y la crisis de impunidad, lo que exige una revisión profunda de los criterios de medición y una supervisión externa de las estadísticas criminales, una propuesta que, hasta ahora, no ha encontrado eco en el Congreso, según refiere Proceso.

Para la investigadora del CIESAS, Elena Azaola, la manipulación de los datos de violencia no es nueva y se acentuó desde el gobierno anterior, cuando comenzaron a caer los homicidios mientras aumentaban las desapariciones y otras categorías de muertes violentas.

Estudios citados por Proceso muestran que desde 2019 creció de forma atípica el registro de “otros delitos contra la vida”, que en 2023 y 2024 representaron más de la mitad de los asesinatos registrados.

“Negar u ocultar el problema de inseguridad y manipular los datos ha sido la principal estrategia de los gobiernos”, concluye Azaola, en una advertencia que pone en entredicho la narrativa oficial de una violencia a la baja y reabre el debate sobre cómo medir, entender y enfrentar la crisis de seguridad en México.

*Fotografía de archivo.