Las cifras no cuadran: gobierno de Indira y Fiscalía inflan caída de la extorsión frente a datos federales

Colima, México, Avanzada (21/12/2025).- Mientras la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, aseguró públicamente que el delito de extorsión registró una disminución significativa en la entidad, los datos oficiales provenientes de distintas instancias del propio Estado mexicano exhiben discrepancias que impiden sostener una sola narrativa sobre el comportamiento real de este delito.

Durante sus llamados “Diálogos por la Transformación”, la mandataria estatal primero reconoció que Colima no había logrado una reducción relevante en la incidencia de extorsión y que, incluso, el delito se encontraba “estancado” en 2025 respecto a años anteriores. “No ha subido, nos estancamos”, afirmó, al tiempo que comparó la situación del estado con entidades como Nuevo León o Jalisco, donde —dijo— el crecimiento del delito ha sido exponencial.

Sin embargo, minutos después, tras revisar información en su teléfono celular, la gobernadora modificó su postura y aseguró que, al comparar 2025 con 2024, la extorsión sí había disminuido en un 18 por ciento, junto con una reducción del 20 por ciento en muertes violentas y del 36 por ciento en robo de vehículos.

A esta afirmación se sumó posteriormente el cuarto informe del fiscal general del Estado, Bryant Alejandro García Ramírez, quien reportó que, de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General del Estado, el delito de extorsión registró una disminución del 20.51 por ciento durante el periodo comprendido del 1 de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2025. La dependencia atribuyó este resultado a las acciones preventivas encabezadas por la Unidad Especializada en Combate al Delito de Secuestro, como charlas informativas, campañas digitales y atención inmediata a víctimas, además de destacar reducciones en secuestro y secuestro virtual.

No obstante, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública —instancia federal encargada del registro oficial de los delitos del fuero común— ofrecen un panorama distinto. De acuerdo con el Centro Nacional de Información, la tasa de víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes en Colima pasó de 18.10 en 2024 a 16.69 en 2025, lo que representa una disminución de apenas 7.79 por ciento, muy lejos tanto del 18 por ciento señalado por la gobernadora como del 20.51 por ciento informado por la Fiscalía estatal.

Así, mientras el discurso político habla de reducciones de dos dígitos, los datos oficiales federales reflejan una baja considerablemente menor, lo que deja en evidencia que las cifras sobre extorsión en Colima no cuadran y que, dependiendo de la fuente consultada, el mismo delito puede mostrar resultados radicalmente distintos. La contradicción no solo abre dudas sobre la metodología empleada para medir la incidencia delictiva, sino también sobre la solidez de los argumentos con los que el gobierno estatal presume avances en materia de seguridad.