Hace 7 años se detectaron las irregularidades en Pensiones… pero no hay responsables

Colima, México, Avanzada (25/11/2025).- La Auditoría Excepcional realizada en 2018 por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) a la desaparecida Dirección de Pensiones documentó un cúmulo de presuntas irregularidades que, siete años después, siguen sin consecuencias para ningún funcionario. A pesar de los hallazgos, las anomalías permanecen en la impunidad y la deuda supera hoy los 640 millones de pesos, monto que ahora se pretende cubrir con dinero público.

La revisión, que abarcó operaciones realizadas entre 2011 y 2016, expuso omisiones graves: la Dirección de Pensiones dejó de registrar y cobrar créditos por más de mil 400 millones de pesos, no exhibió actas de Consejo ni contratos que respaldaran erogaciones millonarias, y destinó recursos públicos sin documentación comprobatoria. Incluso se detectaron gastos exorbitantes como 69 millones de pesos en la llamada “Cuenta Hospitalización”, así como el pago de 44 millones en honorarios médicos, cuando el presupuesto autorizado era de apenas 24 millones.

Las observaciones específicas del OSAFIG revelan el desorden administrativo que durante años operó sin control. En la observación F45-FS, por ejemplo, no existió evidencia que justificara la compra de un reloj de escritorio valuado en 100 mil pesos. La F47-FS documentó que se contrató una tarjeta American Express con la que se realizaron pagos por 153 mil 961 pesos, sin autorización del Consejo. La F32-FS reportó tres transferencias electrónicas realizadas en 2011 por un millón 500 mil pesos a una cuenta que ni siquiera estaba registrada.

A pesar de estas irregularidades, ningún funcionario ha sido investigado penalmente o sancionado. Por el contrario, el Gobierno estatal, lejos de emprender acciones legales para recuperar recursos, busca trasladar el costo del quebranto a los contribuyentes. La medida surge ante el incumplimiento del propio Gobierno en el pago del convenio firmado con el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL).

Los adeudos no son nuevos. De acuerdo con declaraciones del dirigente sindical Martín Flores Castañeda, las deudas de entidades públicas con Pensiones datan desde 2003. El propio OSAFIG reportó que, al cierre de agosto de 2018, las entidades patronales debían casi mil millones de pesos, de los cuales 729 millones correspondían solo al Gobierno estatal. A ello se sumaban pasivos de ayuntamientos, tribunales, organismos autónomos y diversas dependencias.

Hoy, en 2025, la auditoría sigue acumulando polvo, los millones continúan sin recuperarse y las anomalías registradas permanecen sin responsables. Mientras tanto, la solución propuesta implica que el dinero de la población sea utilizado para cubrir un desfalco que, pese a estar plenamente documentado, no ha generado una sola consecuencia administrativa ni penal.