Caería en desacato el Gobierno de Colima si no cobra a MAM

Colima, México, Avanzada (06/02/2020).- El Gobierno del Estado será el responsable de cobrar al ex gobernador, Mario Anguiano Moreno los 515 millones de pesos y de no hacerlo, “podría recibir una sanción por desacatar la orden de un juez”.

Lo anterior fue señalado por el integrante de la Comisión de Responsabilidades, el legislador, Francisco Rodríguez García, quien señaló que el asunto del ex mandatario colimense está concluido en el Poder Legislativo, y ahora corresponde al Ejecutivo recuperar el recurso.

El legislador indicó que esta semana sesionó la Comisión de Responsabilidades, para pedirle al gobierno del Estado que a través de un crédito fiscal, le cobre los recursos a Anguiano, quien fue sancionado por los integrantes de la pasada legislatura, por haber solicitado un crédito por 638 millones de pesos.
“Sin embargo, el ex gobernador Mario Anguiano Moreno todavía tiene un recurso que es ampararse en contra de la resolución, o el cobro, pero esa notificación no tendría que informarse al Congreso, sino directamente al Gobierno del estado pues son ellos a los que les corresponde concluir el proceso de cobro”.

Rodríguez García afirmó que el Congreso solicitó a la secretaría de Finanzas, a cargo de Carlos Noriega García, que informe en un plazo de 10 días, las acciones que estará siguiendo para recuperar los 515 millones de pesos.

El legislador señaló que en caso de que la administración estatal no quiera ejecutar la decisión del juez, “estaría incurriendo en un desacato, y por lo tanto, sería acreedor a una sanción”.

El pasado 31 de enero, AVANZADA  informó que la justicia federal negó el amparo que promovió el ex gobernador, Mario Anguiano Moreno para combatir las sanciones que le impuso el Congreso del Estado y por lo tanto, queda firme la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por 14 años y la sanción económica por 515 millones 174 mil 928 pesos.

El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con sede en la entidad emitió la sentencia misma que fue publicada el pasado 27 de enero de este año, y en la cual determinó negar la protección de la justicia federal.