Fiscal General difamó a Martha Zepeda y vulneró su presunción de inocencia: Juez

Colima, México, Avanzada (25/09/2025).- La regidora de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Manzanillo, Martha María Zepeda del Toro, denunció que el fiscal general del Estado, Bryant Alejandro García Ramírez, junto con otros funcionarios, difundió información difamatoria y contraria a derecho en su contra durante el pasado proceso electoral, lo que afectó gravemente su reputación y sus derechos políticos.

En entrevista con Diario Avanzada, la regidora informó que, tras casi dos años de litigio, obtuvo un amparo federal que reconoce la vulneración a su dignidad y a la presunción de inocencia, ordena la eliminación de la información difundida y abre la puerta para que se reconozca su calidad de víctima. Con este fallo, Zepeda adelantó que promoverá acciones en tribunales electorales y civiles para exigir la reparación integral del daño, una disculpa pública y garantías de no repetición.

Zepeda recordó que el 12 de diciembre de 2023 presentó un amparo contra actos atribuidos al fiscal general Bryant García, al entonces fiscal anticorrupción Mario Ochoa y al exdiputado local Romo. Según explicó, estos funcionarios utilizaron sus cargos para acudir a medios de comunicación y difundir información de una carpeta de investigación en su contra, la cual calificó como “tendenciosa, apartada de la verdad y carente de sustento jurídico”.

“Violentaron mi dignidad, mi honor y mi presunción de inocencia. En aquel momento yo estaba suspendida como secretaria general del Ayuntamiento de Manzanillo y, estando en pleno juicio, ellos me dieron por culpable. Hicieron acusaciones que no correspondían a un ejercicio de información veraz y de interés público”, declaró.

La regidora sostuvo que estas declaraciones se dieron en un contexto político clave, ya que en ese momento buscaba la candidatura a la presidencia municipal de Manzanillo. “El hecho de que fuera un fiscal quien dijera que yo había actuado con dolo, que existían varias carpetas en mi contra y que habría más vinculaciones, evidentemente impactó en la percepción del electorado. Eso fue en diciembre, justo al inicio del proceso electoral”, apuntó.

Zepeda aseguró que los procesos penales abiertos en su contra fueron sobreseídos por falta de pruebas, lo que demuestra que la intención real no era lograr una sentencia, sino dañarla políticamente.

“No buscan una condena porque saben que no la van a obtener. Lo que buscan es generar una opinión adversa y conculcarme los derechos políticos que tengo. Hoy mismo estoy suspendida como regidora, y todo esto forma parte de una estrategia institucional para impedirme ejercer mi representación popular”, señaló.

Tras el fallo del amparo, la regidora anunció que impulsará denuncias en el ámbito electoral y civil, además de dar continuidad a las querellas ya presentadas contra los fiscales que, en su opinión, actuaron con falta de objetividad e imparcialidad.

“El juez de amparo calificó estas conductas como difamatorias. Es decir, se está señalando a un fiscal por difamar, por vulnerar el derecho al honor, a la privacidad y a la presunción de inocencia. Son palabras fuertes, pero aún así se quedan cortas frente a la realidad que vivimos en Colima”, manifestó.

Sobre la posibilidad de solicitar un juicio político contra el fiscal general, Zepeda reconoció que no lo tiene contemplado en su ruta jurídica, aunque no descartó que pueda impulsarse en el futuro. “Quien nombra al fiscal es el Congreso del Estado, y tendría que revisar su actuación. Sabemos que Morena tiene una mayoría que difícilmente permitiría un juicio de esa naturaleza, pero no debemos dejar de señalarlo”, indicó.

Respecto a la reparación del daño, la regidora fue clara en sus exigencias: “Espero una disculpa pública, una garantía de no repetición y un resarcimiento por los perjuicios ocasionados”.

Finalmente, Zepeda advirtió que su caso es un ejemplo del uso faccioso de las instituciones en Colima y alertó sobre las consecuencias que esto tiene para la ciudadanía en general. “Si así proceden con una figura pública, ¿qué estará pasando al interior de la fiscalía con otras personas? ¿Cuántas han sido revictimizadas y cuántas siguen esperando justicia?”, cuestionó.