Colima, México, Avanzada (08/09/2025).- El 21 de octubre de 2024, la agente de la Fiscalía General de la República (FGR), Magaly Janet Nava Ramos, fue asesinada a balazos en el barrio V del Valle de las Garzas, en Manzanillo. Apenas 18 días después, el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue ejecutado en el mismo puerto cuando circulaba en su automóvil.
De acuerdo con el periódico Reforma, ambos funcionarios habían denunciado operaciones irregulares en puertos y aduanas; Guerrero también había señalado la existencia de una red de huachicol.
Este fin de semana, los nombres de los dos funcionarios federales regresaron a la agenda pública tras la presunta detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de integrar esa red. Según La Jornada, Farías es sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, y junto con su hermano, Fernando Farías Laguna —aún prófugo—, formaba parte de la red de tráfico de combustible.
En un reportaje publicado este domingo, el periodista Abel Barajas detalló que los homicidios de Nava y Guerrero guardan coincidencias: ambos se perpetraron con pistolas Águila calibre 9 milímetros, ejecutados por dos sicarios en motocicleta con apoyo de cómplices a bordo de un vehículo. La indagatoria apunta a un modus operandi compartido.
El caso no puede entenderse sin el contexto del puerto de Manzanillo, que en los últimos años se ha convertido en un epicentro de violencia y corrupción. Se trata del puerto más importante de México en el Pacífico, por donde ingresa la mayor parte de los precursores químicos para la producción de drogas sintéticas. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en varias ocasiones que la violencia en Manzanillo tenía como origen la disputa entre cárteles por el control del puerto. “Ahí es donde se están enfrentando”, dijo en 2021 al explicar el repunte de homicidios en Colima.
López Obrador también denunció de manera reiterada la corrupción enquistada en los puertos y aduanas del país. En 2020 señaló que esos espacios se encontraban “tomados por la delincuencia organizada y de cuello blanco” y que el control de la Marina sobre las aduanas buscaba desmantelar las redes criminales que operaban desde dentro. En 2021 y 2022 volvió a acusar que en Manzanillo y otros puertos “se permitía la entrada de contrabando, drogas, armas y mercancías ilegales”.
De acuerdo con Reforma, basado en documentos ministeriales, el contraalmirante Guerrero había enviado el 14 de junio de 2024 una carta al entonces titular de la Semar, Rafael Ojeda, en la que denunciaba que Roberto Farías manipulaba designaciones de marinos en aduanas para mantener operaciones delictivas. La misiva fue hallada en su oficina en la 22 Zona Naval en Puerto Madero, Chiapas, última plaza donde estuvo adscrito.
Aristegui Noticias también retomó el reportaje de Reforma y señaló que la investigación federal atribuye a los hermanos Farías Laguna la coordinación del desembarque de 31 buques de combustible bajo huachicol fiscal, con respaldo de funcionarios de aduanas. Entre abril de 2024 y marzo de 2025, las autoridades aseguraron más de 10 millones de litros de hidrocarburo introducido como supuesto aditivo para aceites.
Hasta ahora, de 13 órdenes de aprehensión giradas, han sido detenidos seis marinos, entre ellos Manuel Roberto Farías, y varios funcionarios civiles de aduanas. Entre los capturados destacan el capitán de Navío Clímaco Aldape Utrera, el exgerente de ASIPONA en Tampico, Francisco Javier Antonio Martínez, y la exsubdirectora de la Aduana de Tampico, Endira Xóchitl Palomo Chávez.
El caso mantiene prófugos al contralmirante Fernando Farías Laguna y al capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz.
*Imagen ilustrativa.