Colima, México, Avanzada (01/09/2025).- En Colima, hay políticos que olvidan estrictamente su función y reducen su trabajo legislativo a una labor de clientelismo popular. Mientras cobran emolumentos que superan los 100 mil pesos mensuales, se dedican a vender productos a bajo costo en colonias y barrios, convirtiéndose en una competencia desleal para comerciantes establecidos y ambulantes que deben sostener sus negocios con recursos propios.
La práctica no es nueva. Desde hace años, se observa a legisladores que anuncian láminas o tinacos “a bajo precio”. Incluso, Avanzada documentó en su momento la queja de comerciantes porque regidores de Villa de Álvarez ofrecían productos para construcción a precios por debajo del mercado.
Hoy, algunos políticos han afinado la estrategia: ofrecen pollo fresco, mochilas para el regreso a clases o cualquier otro artículo que les garantice presencia y simpatías entre la población, utilizando recursos públicos que deberían destinarse a fortalecer instituciones y atender problemas de fondo.
Dos casos recientes ilustran esta dinámica. La diputada de Morena, Glenda Ochoa, reparte pollo fresco en colonias populares de la capital del estado. Consultada en 2024 para conocer los proyectos de su Comisión de Equidad de Género, la legisladora se negó a hablar con esta reportera porque, según su respuesta, “no quería problemas”. Hasta ahora, su agenda de trabajo es difusa, pero sus jornadas de venta son visibles en redes sociales y en recorridos de campo.
Por su parte, la diputada federal y dirigente estatal del PAN, Julia Jiménez, promociona mochilas para el regreso a clases a través de sus plataformas digitales, también a bajo costo. El tono de sus mensajes apunta más a una campaña de simpatía ciudadana que a un esfuerzo legislativo, pues en el Congreso federal tampoco ha fijado postura firme sobre los problemas que más afectan a los colimenses.
Ninguna de las dos legisladoras se ha pronunciado abiertamente sobre la grave situación de seguridad en Colima, entidad que encabeza las estadísticas nacionales en homicidios dolosos. Tampoco han exigido mejoras en la atención del sistema de salud, ni han presentado una agenda concreta para apoyar a las familias que padecen la crisis económica y social.
El clientelismo se convierte así en sustituto del trabajo parlamentario. Los productos repartidos o vendidos bajo la etiqueta de “apoyo” sirven como herramienta de propaganda política, mientras los problemas estructurales permanecen sin respuesta.
En un estado marcado por la violencia, el deterioro institucional y la precariedad de los servicios públicos, las diputadas cambian la labor de legislar por la de comerciantes con presupuesto público. El costo político lo pagan los ciudadanos, que en lugar de leyes y soluciones reciben pollos, mochilas y promesas recicladas.