“Quien cava un pozo ajeno termina en él”: Martha Zepeda lanza mensaje a la gobernadora Indira Vizcaíno

Colima, México, Avanzada (26/08/2025).- Cobijada por liderazgos nacionales y estatales de Movimiento Ciudadano, la regidora de Manzanillo, Martha Zepeda del Toro, actualmente separada de su cargo por orden judicial, lanzó un duro mensaje a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva: “quien cava un pozo ajeno termina en él… al tiempo estaremos viendo quién tiene que ir al enjuiciamiento”.

En rueda de prensa en la llamada “Casa Naranja”, Zepeda estuvo acompañada por Patricia Mercado y Laura Ballesteros, diputadas federales; Jessica Ortega, presidenta del Consejo Nacional de MC; Lidia Rojas, vicecoordinadora de Mujeres en Movimiento; así como la expresidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, y otros liderazgos estatales. Ahí, la regidora aseguró que la persecución en su contra responde a una estrategia política de la gobernadora para allanar el camino a su sucesora.

Zepeda recordó que durante su paso por Morena también enfrentó imputaciones que posteriormente fueron desestimadas por el Poder Judicial, acusando a ese partido de violar su presunción de inocencia. Señaló que ahora, desde MC, recibe un respaldo muy distinto y acusó a Vizcaíno Silva de usar la justicia “de manera selectiva” contra quienes considera un obstáculo.

“Todo esto es porque la gobernadora tiene miedo de perder el gobierno del estado. Ella necesita a alguien incondicional que llegue a tapar la corrupción y el enriquecimiento inexplicable de su familia y funcionarios”, dijo.

La regidora insistió en que las imputaciones actuales en su contra —por el otorgamiento de un “apoyo de subsistencia” cuando fue funcionaria municipal— no configuran un delito, pues se trató de un apoyo dirigido a trabajadores del Ayuntamiento de Manzanillo.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción informó el pasado 20 de agosto que una juez de control vinculó a proceso a 13 exfuncionarios del municipio, entre ellos Zepeda y la exalcaldesa Griselda Martínez, por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones. El daño al erario, según la autoridad, supera los 30.4 millones de pesos.

El juzgado ordenó como medida cautelar la suspensión temporal de quienes actualmente ejercen cargos públicos, en lo que se desarrolla la investigación complementaria que tendrá un plazo de tres meses.