México, Avanzada (06/08/2025).- El Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, formalizó la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un órgano transitorio cuyo objetivo será proponer un rediseño integral del sistema electoral mexicano. La decisión fue publicada en el Diario Oficial de la Federación mediante decreto presidencial con fecha del 4 de agosto de 2025.
El decreto establece que esta comisión operará con carácter temporal hasta el 30 de septiembre de 2030 o hasta que la presidenta de la República decida concluir su encargo anticipadamente. Entre sus facultades están la convocatoria a foros de diálogo, la elaboración de estudios técnicos y la presentación de propuestas legislativas, tanto de carácter constitucional como legal.
El economista y veterano político de izquierda, Pablo Gómez Álvarez, fue designado como presidente ejecutivo de la comisión. Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es una figura histórica del movimiento estudiantil de 1968 y uno de los principales impulsores de la anterior iniciativa de reforma electoral que no prosperó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Lo acompañan en el grupo de trabajo seis funcionarios de alto perfil dentro del gabinete federal:
• Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y responsable de la política interior del país.
• Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la Presidencia y exfiscal general de la Ciudad de México.
• Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actual coordinador de Política y Gobierno.
• Lázaro Cárdenas Batel, exgobernador de Michoacán y actual jefe de la Oficina de la Presidencia.
• José Antonio Peña Merino, responsable de la Agencia de Transformación Digital.
• Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia.
La conformación del grupo ha generado expectativas en el ámbito político, no solo por la envergadura del encargo sino también por el perfil de sus integrantes, quienes, en su mayoría, están vinculados al partido gobernante Morena o han ocupado posiciones clave en el proyecto político iniciado por López Obrador.
En su primer posicionamiento, la presidenta Sheinbaum afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) “se mantendrá como un organismo autónomo”, despejando dudas sobre posibles intentos de suprimir al árbitro electoral. Sin embargo, señaló que es necesario revisar la estructura, el financiamiento y la representación política en aras de un sistema más austero, eficiente y democrático.
Aunque aún no se han presentado propuestas formales, fuentes cercanas al Ejecutivo indican que el nuevo plan podría retomar algunos puntos del fallido “Plan A”, como la reducción de diputaciones plurinominales, el ajuste al financiamiento público de los partidos políticos y la simplificación del aparato electoral.
En paralelo, diversos partidos de oposición y organismos ciudadanos han manifestado que observarán con cautela el proceso, demandando transparencia y pluralidad en las discusiones. A la fecha, no se han anunciado mecanismos concretos de participación de actores externos a la administración federal.
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se perfila como uno de los proyectos institucionales más relevantes del sexenio que inicia. Su éxito dependerá no solo del diseño técnico de sus propuestas, sino también de su capacidad para construir consensos dentro y fuera del Congreso de la Unión.