Transparencia para el Pueblo desecha 99.6% de recursos de información pública

México, Avanzada (06/08/2025).- A menos de tres meses de su creación, el nuevo organismo federal Transparencia para el Pueblo, que sustituyó al desaparecido INAI, ha encendido las alarmas en materia de derechos humanos al reportar un 99.6% de recursos de revisión desechados, lo que representa un serio retroceso en el derecho de acceso a la información pública en México.

Desde que inició funciones el 12 de mayo, el órgano dependiente del Poder Ejecutivo federal ha resuelto solo 457 de los 2 mil 253 recursos recibidos y, de estos, prácticamente todos fueron desechados. Las causas señaladas han sido mayormente de carácter formal: supuestos incumplimientos de requisitos o la falta de respuesta a requerimientos por parte de las personas solicitantes.

Sin embargo, organizaciones defensoras del derecho a la información pública advierten que esta postura rígida y burocrática ignora la obligación de suplir las deficiencias de las quejas, tal como mandatan los artículos 148 y 169 de la legislación correspondiente. Lejos de ofrecer mecanismos accesibles de orientación, Transparencia para el Pueblo ha dejado en estado de indefensión a las y los ciudadanos, negando en la práctica el acceso a información pública.

La diferencia con el extinto INAI es profunda: mientras aquel operaba como órgano autónomo e imparcial, el nuevo ente está subordinado al Poder Ejecutivo, lo que compromete su independencia y reduce su capacidad de actuar como contrapeso frente a los entes gubernamentales.

Además, la preocupación se amplía al plano estatal. En al menos 23 entidades federativas se han replicado modelos similares al federal, transfiriendo las funciones de los órganos locales de transparencia a contralorías o secretarías anticorrupción. En paralelo, 13 estados han ampliado las causales para reservar información, consolidando una tendencia preocupante hacia la opacidad.

Organizaciones como ARTICLE 19, Mexiro, Justicia Pro Persona, entre muchas otras, exigen que las instituciones encargadas de garantizar este derecho actúen con imparcialidad y compromiso ciudadano, recordando que el acceso a la información no es una concesión del poder, sino un derecho fundamental para la democracia y la rendición de cuentas.