Colima, México, Avanzada (30/07/2025).- La inseguridad sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo económico en México. Así lo advirtió este martes la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al presentar su más reciente Monitor de Seguridad, donde alertó que el país enfrenta una situación “alarmante” que inhibe la inversión en distintas entidades afectadas por la delincuencia, entre ellas Guanajuato, Morelos, Estado de México, Colima y Sinaloa, donde las tasas de homicidios y delitos patrimoniales superan ampliamente la media nacional.
“El ánimo para invertir cayó 12.8 puntos porcentuales. La causa principal es la falta de seguridad, seguida del ambiente político y la ausencia de certeza jurídica”, señaló Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, durante una conferencia de prensa en la que presentó los resultados de un sondeo interno entre los agremiados del organismo.
Uno de los datos más preocupantes corresponde a la extorsión, delito que más ha crecido en lo que va del año. Tan solo en el primer semestre de 2025 se registraron 5,887 víctimas, lo que representa un incremento del 6.9 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Es el nivel más alto del que se tiene registro.
En el caso de los homicidios dolosos, aunque a nivel nacional se reporta una disminución del 15.8 %, con 13,090 víctimas entre enero y junio de este año, hay entidades donde la violencia homicida continúa fuera de control. Colima encabeza esta tendencia con una de las tasas más elevadas del país: entre 55 y 80 asesinatos por cada 100 mil habitantes, junto a Sinaloa y Morelos.
Adicionalmente, Colima figura entre las diez entidades con mayor incidencia de robo a establecimientos comerciales. Con una tasa de 127 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, el estado presenta un entorno particularmente adverso para el comercio y los negocios, lo que ha encendido las alarmas del sector privado.
La Coparmex subrayó que el Estado mexicano debe reforzar sus estrategias de seguridad no solo para reducir los índices delictivos, sino también para reconstruir un clima de confianza que permita detonar nuevas inversiones en el país.