Consejería Jurídica denuncia violación de confidencialidad en caso Rocha Moya

México, Avanzada (04/05/2026).- Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que en el proceso relacionado con el llamado “caso Sinaloa” se vulneró la confidencialidad que debe regir este tipo de procedimientos, lo que derivó —dijo— en un “linchamiento mediático”.

“En este caso, la confidencialidad se violentó”, sostuvo la funcionaria al explicar que la difusión de información sobre el procedimiento contraviene los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, al exponer de manera anticipada a las personas involucradas.

De acuerdo con lo expuesto, los procesos de extradición deben manejarse de forma reservada y a través de los canales diplomáticos, precisamente para evitar que la información incida en la valoración de pruebas o en la actuación de las autoridades.

En ese contexto, señaló que la exposición pública del caso ha provocado que distintos actores emitan juicios anticipados, situación que calificó como un “linchamiento mediático” en torno a las personas señaladas.

Al margen de este señalamiento, la consejera jurídica puntualizó que el procedimiento aún se encuentra en una etapa preliminar, ya que no existe una solicitud formal de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, sino únicamente una petición de detención provisional con fines de extradición.

Detalló que dicha solicitud fue analizada por la Fiscalía General de la República, instancia que concluyó que no se aportaron elementos suficientes para acreditar la urgencia requerida en estos casos, por lo que no se encuentra debidamente fundamentada.

En consecuencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá solicitar información adicional al país requirente antes de que el asunto pueda ser turnado a un juez de control, quien, en su momento, determinaría la procedencia de una posible detención provisional.

Finalmente, Alcalde Luján subrayó que las autoridades mexicanas no han emitido juicios sobre la culpabilidad de las personas involucradas, al tratarse de una fase inicial del proceso que aún depende de que se acrediten los requisitos legales correspondientes.