E.U. investiga 240 mdp ligados a empresa de hijos de Rocha Moya

México, Avanzada (04/05/2026).- Una trama de transferencias millonarias, contratos públicos y relaciones empresariales ha colocado bajo escrutinio internacional al entorno cercano del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que autoridades de Estados Unidos detectaran movimientos financieros por alrededor de 240 millones de pesos que hoy generan cuestionamientos sobre su origen y destino.

De acuerdo con información difundida por XPECTRO FM, el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga depósitos realizados entre 2021 y 2023 por la empresa Housesin Desarrollos S.A. de C.V., propiedad del ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, hacia Constructora Chocosa S.A. de C.V., firma perteneciente a los hijos del mandatario estatal. Díaz Vega figura como uno de los acusados en la denuncia presentada el 23 de abril ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en la que también se involucra a otros funcionarios por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”.

La investigación señala que estas operaciones no son aisladas, sino parte de una red que combina asignaciones de contratos públicos, vínculos empresariales y posibles conflictos de interés. Constructora Chocosa, fundada en 2009 por los hijos de Rocha Moya, habría recibido adjudicaciones por al menos 64 millones de pesos entre 2010 y 2018, en un periodo en el que su padre ocupaba cargos relevantes en el gobierno estatal.

Posteriormente, las conexiones se profundizaron cuando uno de los socios de dicha constructora pasó a colaborar con Housesin Desarrollos, consolidando una red de relaciones que hoy es revisada tanto por investigaciones periodísticas como por autoridades estadounidenses. Durante la gestión de Díaz Vega en las finanzas estatales (2021–2024), ambas empresas ya habían sido señaladas por organizaciones civiles por presuntos actos de nepotismo y conflictos de interés.

En este contexto, la denuncia del Departamento de Justicia no solo apunta a posibles delitos financieros, sino también a una presunta colaboración con el grupo criminal de “Los Chapitos” para facilitar operaciones de narcotráfico hacia territorio estadounidense, lo que podría derivar en cargos como lavado de dinero, conspiración y transacciones ilícitas, con penas que van de 10 a 20 años de prisión, además de sanciones económicas y decomiso de bienes.

Hasta el momento, ni el gobierno de Sinaloa ni los implicados han ofrecido una explicación detallada sobre la naturaleza de estas transferencias, mientras el caso avanza en su fase inicial dentro de los mecanismos de cooperación internacional, a la espera de que se presenten pruebas formales ante el Estado mexicano.

Para quien desee consultar la investigación completa, puede hacerlo en el siguiente enlace: