Premian a funcionarias del Gobierno estatal con magistraturas en el Tribunal Anticorrupción

Colima, México, Avanzada (17/07/2025).– Dos funcionarias del Gobierno del Estado fueron nombradas por el Congreso local como nuevas magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima (TJA), órgano encargado de sancionar a servidores públicos por faltas graves y actos de corrupción.

En sesión solemne, los diputados de la LXI Legislatura tomaron protesta a Norma Araceli Carrillo Ascencio y a Mónica Liliana Campos Magaña, quienes permanecerán en el cargo por un periodo de seis años. Con estos nombramientos, el pleno del TJA queda integrado en su totalidad con cinco magistraturas: tres mujeres y dos hombres.

Carrillo Ascencio se desempeñaba como titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronna), y en 2025 participó como candidata a una magistratura del Tribunal Superior de Justicia. Por su parte, Campos Magaña era directora general del Instituto Colimense de las Mujeres.

Durante la discusión del dictamen, legisladores de distintos grupos parlamentarios justificaron su voto de confianza a las propuestas al argumentar que ambas aspirantes cumplían con los requisitos de formación académica y experiencia práctica. No obstante, también les exigieron ejercer su nueva función con imparcialidad y estricto apego a la legalidad.

El presidente del Congreso, Jaime Sotelo García, conminó a las nuevas magistradas a “hacer valer la justicia” y defender los derechos de las personas desde el órgano encargado de resolver las responsabilidades administrativas de funcionarios, así como las controversias entre entes públicos y ciudadanos.

La consejera jurídica del Gobierno estatal, Consuelo del Carmen Landeros Castellanos, quien acudió en representación de la gobernadora Indira Vizcaíno, celebró que el Tribunal quede integrado con mayoría de mujeres, lo que —afirmó— “refleja el compromiso con la equidad de género”.

Aunque desde 2017 el Tribunal de Justicia Administrativa tiene facultades para sancionar a servidores públicos y particulares vinculados a desvío de recursos, abuso de funciones o enriquecimiento ilícito, en Colima no se conocen hasta ahora sentencias firmes por estas causas.