Colima, México, Avanzada (03/06/2025).- Después de la elección del pasado domingo, la Fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado hizo un llamado al Instituto Electoral del Estado (IEE) y a la Fiscalía General de la República (FGR) para que revisen de manera rigurosa los perfiles de quienes integrarán el Poder Judicial local, con el objetivo de prevenir posibles vínculos con grupos criminales.
Los diputados Sofía Peralta Ferro y Alberto Partida Valencia subrayaron que es indispensable contar con jueces, juezas y magistrados que actúen como verdaderos garantes de los derechos humanos, con integridad, independencia y un firme compromiso con la justicia. Afirmaron que la ciudadanía necesita instituciones sólidas e imparciales que defiendan sus libertades y pongan límites al ejercicio arbitrario del poder.
Advirtieron que permitir el acceso de personas con nexos con la delincuencia organizada a cargos dentro del sistema judicial representaría un riesgo grave para la población. “Un sistema judicial débil o cooptado solo profundiza la desigualdad y deja a las personas más vulnerables a merced del poder, ya sea del Estado o de otros actores con influencia”, señalaron.
La diputada Peralta Ferro recordó que durante procesos electorales anteriores en diversas entidades del país se ha documentado la incursión del crimen organizado en campañas y candidaturas, y advirtió que Colima no está exento de esa amenaza. “La intromisión de intereses criminales en la vida pública compromete la integridad del sistema democrático”, afirmó.
Los legisladores panistas insistieron en que se deben fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar la idoneidad de quienes busquen acceder a cargos públicos en el Poder Judicial. Subrayaron que principios como la probidad, la solvencia moral y la imparcialidad deben ser criterios fundamentales en la selección de estos perfiles, pues hasta ahora se han evidenciado fallas graves en los filtros de verificación.
Cuestionaron también la suficiencia del mecanismo conocido como “ocho de ocho” como único filtro de evaluación, ya que, según indicaron, este proceso no analiza competencias éticas ni habilidades profesionales. Por ello, plantearon que el IEE tiene la obligación de mantener un escrutinio continuo, incluso después de las elecciones, en coordinación con la FGR, para identificar cualquier antecedente o vínculo con actividades ilícitas que pudiera tener una persona electa.
Finalmente, señalaron que es urgente implementar procesos de evaluación más estrictos, con participación activa de la sociedad civil, el sector académico y organismos especializados, que garanticen que las personas seleccionadas cuenten con las capacidades necesarias para ejercer sus funciones con responsabilidad y compromiso con el estado de derecho.