La declaración patrimonial no basta: el espejo opaco de la transparencia

Colima, México, Avanzada (29/05/2025).- Las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos surgieron en México como una herramienta para prevenir y detectar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y sus allegados. Desde su implementación obligatoria en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, estas declaraciones han sido promovidas como una muestra de transparencia. Sin embargo, su eficacia ha sido cuestionada debido a casos en los que los políticos han ocultado su verdadera riqueza, o bien, han utilizado esta herramienta como escudo frente a señalamientos públicos.

Uno de los ejemplos más notorios es el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Durante años, García Luna presumió su declaración patrimonial como prueba de su honradez. Cuando la oposición –hoy convertida en gobierno– lo acusaba de enriquecimiento ilícito, él replicaba que todo estaba registrado y que sus bienes eran del conocimiento público. En 2010, el actual presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, lo cuestionó por presuntas inconsistencias en su patrimonio. García Luna respondió: “Mi declaración patrimonial es pública desde hace años. Usted tiene esos datos porque yo decidí que fuera pública… está el crédito hipotecario y los recibos de pago”. A la postre, los hechos lo contradijeron.

La semana pasada, una corte civil de Miami, Florida, sentenció a García Luna y su esposa a pagar 2 mil 400 millones de dólares por un esquema de corrupción que operó desde su cargo público y mediante el cual desvió recursos del gobierno mexicano. El caso mostró que, a pesar de sus declaraciones patrimoniales, el funcionario poseía una fortuna que no tenía sustento legal visible. El documento oficial no fue garantía de honestidad, sino parte de una estrategia para encubrir su enriquecimiento.

La opacidad también ha alcanzado al ámbito local. En Colima, el exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez reportó durante su mandato la posesión de un departamento valuado en 24 millones de pesos en la Ciudad de México. Aunque fue declarado de manera oficial, la magnitud del bien generó dudas entre sectores ciudadanos sobre la congruencia entre el sueldo del funcionario y su capacidad adquisitiva.

En el caso de la actual gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, también se han registrado adquisiciones inmobiliarias de alto valor. En su declaración patrimonial reconoció la compra de un departamento de cinco millones de pesos en la capital del país. Además, nueve meses después de asumir la gubernatura, en 2022, adquirió una casa con valor superior a los seis millones de pesos, operación que, según explicó públicamente, se realizó mediante un crédito con la empresa constructora.

Estos casos ilustran que, si bien las declaraciones patrimoniales son una obligación legal y una herramienta útil, no constituyen una garantía de integridad. El documento puede ser manipulado, incompleto o incluso usado como fachada de transparencia, mientras en lo privado se mueven fortunas que no tienen correspondencia con los ingresos declarados.

En este sentido, expertos en rendición de cuentas, como Mauricio Merino, académico del CIDE, o México Evalúa y Fundar, han señalado que la fiscalización efectiva, la verificación cruzada de datos y el acceso a información bancaria y fiscal son indispensables para que la declaración patrimonial cumpla realmente su función. En términos generales han dicho que mientras no existan mecanismos sólidos para auditar y contrastar estos informes con otras fuentes de información, las declaraciones seguirán siendo más una formalidad que un verdadero instrumento contra la corrupción.