Cirugías plásticas: la transformación del poder en uso indebido

Colima, México, Avanzada (28/05/2025).- En México, la política no solo ha sido una vía para que algunos funcionarios se enriquezcan, sino también para que cambien su apariencia física con dinero público. Esta situación va más allá de la vanidad: muestra cómo se desvían recursos del erario para fines personales, al mismo tiempo que se promueven estereotipos de género dañinos.

El  expresidente Andrés Manuel López Obrador denunció el 16 de abril de 2019 que algunos altos funcionarios, se realizaban hasta cirugías plásticas con recursos del presupuesto público. Habló de estiramientos faciales, entre otros procedimientos, que nada tenían que ver con necesidades de salud. Estos gastos se ocultaban bajo conceptos generales como servicios médicos o atención especializada. “De esto no se habla. Se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario público. Hasta se estiraban y por eso parecía que estaban más jóvenes”, criticó AMLO cuando era presidente del país.

En realidad, esta práctica se ha vuelto cada vez más común y visible. Hombres y mujeres, no solo por presión social, sino también por gusto personal, esperan llegar a cargos públicos —como diputaciones federales, locales, senadurías, secretarías de estado o incluso gubernaturas— para comenzar una transformación física, financiada por los altos ingresos y prestaciones que estos puestos les otorgan. De pronto, quienes hace unos meses lucían de una forma, comienzan a cambiar drásticamente: rostros sin arrugas, cuerpos moldeados, dentaduras perfectas, cabello más abundante y piel rejuvenecida. Todo esto, en muchos casos, más evidente que el trabajo que realmente desempeñan.

Las transformaciones físicas suelen estar alineadas con un modelo de belleza que perpetúa estereotipos de género. La delgadez, la juventud, los cuerpos voluptuosos en las mujeres y la apariencia fuerte, rejuvenecida y dominante en los hombres, refuerzan una visión superficial y distorsionada de lo que debe ser una figura pública. Es decir, en lugar de enfocarse en su función como servidores públicos, algunos terminan promoviendo una imagen basada en lo estético, que poco o nada tiene que ver con su capacidad profesional.

Este fenómeno no es exclusivo de un solo estado del país; es evidente en distintas entidades de la república, entre ellos Colima, donde también se ha visto cómo algunas figuras políticas han experimentado notables transformaciones físicas después de asumir un cargo público. Además, estos cambios se financian con recursos obtenidos gracias a salarios y dietas que superan fácilmente los 60 mil pesos mensuales —mucho más que lo que gana un trabajador promedio— y con prestaciones privilegiadas. En lugar de priorizar la atención a problemas como la salud, la educación o la seguridad pública, se invierte en la apariencia personal. En ocasiones, lo único que se nota de su paso por el cargo son sus retoques y no sus aportaciones legislativas o de gobierno.

Cambiarse el físico con dinero del pueblo a través de cirugías estéticas no solo es una falta ética: también es una forma de abuso de poder que reproduce ideales superficiales y desvía la atención de lo realmente importante. La política debería ser un espacio para el servicio público, no para el culto a la imagen.