Reforma al Código Penal en Michoacán amenaza la libertad de expresión

Morelia, México, Avanzada (28/05/2025).- Organizaciones defensoras de la actividad periodística y la libertad de expresión manifestaron su rechazo al dictamen mediante el cual el Congreso de Michoacán pretende aprobar este miércoles mediante un albazo legislativo una reforma penal que tipifica la apología del delito.

Para la agrupación Artículo 19, el dictamen cuestionado “es alarmante” porque “su redacción ambigua y su alcance desproporcionado constituyen una amenaza directa a los derechos humanos”.

En un pronunciamiento, la organización señaló que de aprobarse la reforma se sancionaría a quien “por cualquier medio haga alusión de personas o grupos delictivos”, es decir, “bastaría con mencionar o referirse a estos grupos para incurrir en delito penal, por lo que esta formulación vaga no solo incumple los principios de legalidad y seguridad jurídica, sino que habilita un margen amplio para la censura y la criminalización de voces críticas”.

A juicio de Artículo 19 el impacto de la modificación legislativa “sería devastador para el ejercicio periodístico en Michoacán, pues la cobertura informativa sobre violencia, crimen organizado y seguridad pública quedaría sujeta a persecución penal, atentando contra el derecho a la información de la sociedad y generando un clima de autocensura en un contexto ya de por sí adverso para la prensa”.

Advirtió que los problemas de seguridad no se combaten silenciando al periodismo ni restringiendo la libertad de expresión, por el contrario, la transparencia y el acceso a la información son pilares esenciales para una sociedad democrática y para la construcción de políticas públicas eficaces.

Ante esto, exigió al Congreso de Michoacán abstenerse de aprobar este dictamen y abrir un proceso legislativo incluyente y riguroso, y garantizar que cualquier reforma penal respete los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, pues “legislaciones que fomentan el castigo a la expresión no sólo son ineficaces, sino profundamente peligrosas”.

A su vez, el colectivo #NiUnoMás Michoacán emitió una alerta frente a lo que se avizora como un albazo para aprobar este miércoles las reformas al Código Penal del Estado en materia de apología del delito en los términos propuestos por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y que “resultan violatorios de derechos y atentan contra el ejercicio periodístico en esta entidad criminalizándolo”.

Señaló que si bien el asunto no está contemplado en la orden del día de la Sesión de Pleno que se hizo pública, el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia ya fue distribuido a los legisladores para cumplir con el plazo que mandata la Ley para la publicidad de los asuntos que habrán de ser abordados, por lo que se prevé que el asunto sea incorporado a la orden del día antes de su lectura para lograr su aprobación.

El colectivo se quejó de que los legisladores no hicieron caso de los llamados, posicionamientos y alertas formulados por ese colectivo, por la Asociación Michoacana de Periodistas A.C. y por Propuesta Cívica, sobre los riesgos que existen para el ejercicio periodístico en Michoacán con la redacción que planteó el Ejecutivo del  Estado –y ahora replicada en el dictamen de la Comisión de Justicia- que es violatoria de los derechos a la información pública y el acceso a la información de los michoacanos.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Fabiola Alanís Sámano, había ofrecido realizar un ejercicio de parlamento abierto para escuchar propuestas, lo que fue apoyado por los coordinadores parlamentarios del PT, Reyes Galindo Pedraza; del PVEM, Sandra Arreola Ruiz; y por el propio presidente de la Mesa Directiva, Juan Antonio Magaña de la Mora.

Lo anterior “no se cumplió, lo que evidencia no sólo falta de voluntad y desinterés de los legisladores, sino también, una postura cómplice frente a los casos de criminalización, censura y violencia judicial contra periodistas a causa de la reforma en caso de ser aprobada en sus términos”.

Reiteró que la propuesta de decreto contiene elementos que “consideramos de profunda gravedad y que representan un serio riesgo para el ejercicio periodístico en Michoacán, tendientes a invisibilizar el fenómeno delictivo en el estado a través de la censura y la criminalización de la labor de informar sobre los temas de interés público”.