Colima encabeza la tasa nacional de violencia familiar

Colima, México, Avanzada (21/05/2025).- Colima cerró el primer trimestre del año con la tasa más alta de violencia familiar en todo el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La entidad registró una tasa de 127.10 denuncias por cada 100 mil habitantes, superando ampliamente a Coahuila, que ocupa el segundo lugar con una tasa de 100.70, y a la Ciudad de México, con una tasa de 90.30.

Estas cifras posicionan a Colima como el estado con mayor incidencia en este delito, situándose muy por encima de la media nacional. En números absolutos, la Fiscalía General de Justicia del Estado reportó haber recibido 975 denuncias por violencia familiar durante los primeros tres meses del año.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Colima, la violencia familiar se define como el uso intencional de la fuerza física o el abuso emocional, psicológico, sexual o económico contra algún integrante de la familia, con el propósito de causar daño o someterlo.

En contraste, Yucatán es la entidad con el menor número de denuncias por violencia familiar en el mismo periodo, con solo 77 casos y una tasa de 3.06 por cada 100 mil habitantes. Esto hace que la tasa de Colima sea exponencialmente mayor a la de Yucatán, lo que refleja un problema profundo y persistente en la entidad del occidente del país.

Cabe destacar que desde 2017, la Secretaría de Gobernación decretó la Alerta por Violencia de Género en Colima, reconociendo el riesgo extremo que enfrentan las mujeres en el estado. 

Las consecuencias de la violencia familiar pueden ser devastadoras tanto para las víctimas directas como para su entorno. El daño físico y emocional, la afectación en el desarrollo de niños y adolescentes, así como la perpetuación de ciclos de abuso, son solo algunas de las secuelas que se enfrentan día a día en los hogares colimenses.

Expertos en derechos humanos y organizaciones civiles han insistido en la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, así como de garantizar el acceso efectivo a la justicia y el acompañamiento integral para las víctimas.