Rechazan candidatura de Francisco Herrera por señalamientos de nexos criminales

Ciudad de México, Avanzada (06/05/2025).- Organizaciones civiles, colectivos de periodistas y defensoras de derechos humanos alzaron la voz contra la postulación de Francisco Herrera Franco como juez federal en materia penal, al considerar que su historial representa un riesgo grave para la impartición de justicia y los derechos humanos en México.

De acuerdo con las organizaciones firmantes, entre ellas varias ONGs que monitorean el proceso de renovación del Poder Judicial de la Federación, Herrera Franco —quien fungió como fiscal regional de Michoacán durante la administración de Silvano Aureoles— fue señalado por su presunta participación en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, del portal Monitor Michoacán. Además, lo acusan de extorsionar a comunidades indígenas mazahuas, fabricar delitos y colaborar con grupos del crimen organizado.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la postulación de Francisco Herrera Franco. No puede haber justicia sin personas íntegras ni Estado de Derecho sin compromiso con la verdad”, expresaron en un comunicado conjunto.

Las denuncias contra Herrera Franco incluyen grabaciones filtradas en las que presuntamente pacta con líderes criminales, así como una querella por violencia institucional contra periodistas. En Michoacán, su actuar le valió el apodo de “el fiscal del terror”, por presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos y el uso del aparato de justicia para beneficiar intereses criminales.

Pese a su historial, Herrera Franco fue incluido entre los aspirantes a jueces penales por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, lo que desató la indignación de diversos sectores de la sociedad civil.

Ante ello, las organizaciones exigieron al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revisen la idoneidad del perfil de Herrera Franco y, en caso de incumplimiento de los requisitos constitucionales, se retire su candidatura de manera inmediata.

Asimismo, solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que retomen las investigaciones sobre los asesinatos de los periodistas y las demás denuncias pendientes en su contra, con el fin de garantizar procesos independientes y con enfoque en derechos humanos.

“Como sociedad, no podemos permitir que personas con acusaciones graves de corrupción, violencia y complicidad con el crimen organizado aspiren a ser jueces. La justicia debe ser una herramienta de pacificación, no un instrumento del poder criminal”, concluye el pronunciamiento.

El caso encendió el debate sobre la urgencia de fortalecer los mecanismos de selección y evaluación de perfiles dentro del sistema judicial mexicano, en un contexto nacional marcado por la violencia, la impunidad y el riesgo constante para quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos.