Colima, México, Avanzada (03/04/2025).- Con el respaldo de tres de los cinco diputados federales de Colima, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, que contempla la desaparición del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (CompraNet) y su reemplazo por la “Plataforma Digital de Contrataciones Públicas”.
Los legisladores Gricelda Valencia de la Mora (Morena), Gabriela Benavides Cobos y Felipe Delgado Carrillo (PVEM) votaron a favor de la iniciativa, mientras que Leoncio Morán Sánchez (Morena) no estuvo presente en la sesión. Por su parte, la diputada del PAN, Julia Jiménez Angulo, votó en contra.
La reforma fue impulsada por la mayoría legislativa conformada por Morena, PT, PVEM y MC. Con su aprobación, el dictamen fue enviado al Senado de la República para su discusión y eventual ratificación.
El objetivo de la reforma es establecer un nuevo marco legal para las contrataciones públicas en México, asegurando condiciones más favorables en términos de costos y calidad para el Estado. De acuerdo con los legisladores oficialistas, la nueva plataforma digital agilizará los procedimientos administrativos y reducirá los niveles de corrupción en la asignación de contratos.
La “Plataforma Digital de Contrataciones Públicas” será operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Según la propuesta, este sistema electrónico centralizará y automatizará los procesos de contratación en la Administración Pública Federal a través de módulos especializados.
Sin embargo, la iniciativa ha sido duramente criticada por la oposición. En el caso de Colima, la diputada Julia Jiménez Angulo, del PAN, advirtió que esta reforma representa un retroceso en materia de transparencia y control del gasto público. Señaló que la eliminación de Compranet y la flexibilización de requisitos en la adjudicación de contratos abrirán la puerta a la discrecionalidad y al uso indebido de recursos públicos.
Jiménez también alertó sobre los riesgos que implica la exención de las Fuerzas Armadas y empresas estatales, como PEMEX y CFE, de cumplir con ciertos mecanismos de transparencia en proyectos estratégicos. Además, destacó que la reforma permite modificaciones a contratos sin necesidad de justificar incrementos superiores al 25%, lo que, en su opinión, puede propiciar prácticas irregulares en la gestión de los recursos del país.