EDITORIAL: Los cárteles disparan entre nosotros con total impunidad

En las últimas semanas han ocurrido al menos dos sucesos que llaman la atención, porque podría significar que la violencia en Colima se está desbordando hacia escenarios que antes se consideraban una especie de oasis, donde se experimentaba un ambiente de relativa seguridad: los espacios de entretenimiento y recreación.

La tarde del pasado 14 de febrero la violencia permeó en las fiestas charrotaurinas de Villa de Álvarez, luego de que un grupo armado trató de asesinar a un hijo de la presidenta municipal que se encontraba entre los espectadores de la Cabalgata de las Mujeres, lo que dejó un saldo de una persona muerta —uno de los policías municipales que fungían como escoltas del familiar de la edil— y catorce heridas, entre ellas el objetivo de los pistoleros.

Posteriormente, la noche del sábado 22 de marzo se registró un ataque a balazos al interior del estadio Abelardo L. Rodríguez, en la delegación Santiago, de Manzanillo, cuando se llevaba a cabo un partido de futbol. Como consecuencia de la agresión un hombre murió, en tanto que resultaron heridos otro hombre y una mujer.

Estos hechos y sus características seguramente deben ser motivo de análisis por parte de las autoridades representadas en la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz en el Estado de Colima, con el propósito de tomar medidas en ese sentido, pues se trata de una situación donde la violencia está invadiendo terrenos que antes habían sido respetados y el hecho de que ahora ocurra esto limita aún más los sitios donde la población puede sentir ciertos márgenes de seguridad.

De hecho, desde que sucedió el ataque de la cabalgata debieron tomarse las medidas correspondientes para prevenir y evitar estos hechos, dentro de todo un plan estratégico para reducir la violencia en general.

Sin embargo, ahora que se presentó el atentado en el inmueble deportivo de Manzanillo, no hay que esperar a que ocurra un tercero o un cuarto evento similar en otro punto del estado. Es fundamental, al mismo tiempo que se combate la violencia en todo el territorio estatal, conservar intocados los espacios de recreación y esparcimiento con que cuenta la sociedad.  

Algunos estudios señalan que los ataques armados en espacios de recreación pueden tener un gran impacto social en las comunidades, como pérdidas de vidas, desplazamiento forzado y violaciones de derechos humanos. 

Entre los principales impactos sociales se encuentran pérdida de vidas civiles, desaparición de infraestructura básica, interrupción de servicios de salud y educación, desplazamiento forzado de población, violaciones del derecho internacional humanitario, así como afectación del tejido social y económico de las regiones.

De igual manera, se generan impactos en la salud mental individual y colectiva, tanto de forma inmediata como a mediano y largo plazo, y aumento del riesgo de trastornos de adaptación, depresión, ansiedad y estrés postraumático.

Por lo tanto, los efectos de este tipo de ataques provocan un clima de incertidumbre, inseguridad y terror, tanto entre quienes viven el evento de manera directa como el resto de la población que se entera de los acontecimientos, lo que genera una múltiple victimización.