La 4T combate la pobreza… de sus funcionarios

Colima, México, Comunicado (23/03/2025).- En Colima, los actuales gobernantes y representantes de la Cuarta Transformación aseguran en sus discursos que trabajan a favor de los pobres y que la austeridad es un pilar de su administración. Sin embargo, en la realidad mantienen salarios privilegiados que están fuera del alcance de la mayoría de los ciudadanos, muchos de los cuales viven en la informalidad y enfrentan condiciones laborales precarias.

Mientras que el 50% de la población económicamente activa en el estado no cuenta con un empleo formal, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, los diputados locales, los senadores Ana Karen Hernández Aceves y Virgilio Mendoza Amezcua, así como los diputados federales Leoncio Morán Sánchez y Gricelda Valencia, gozan de sueldos que recuerdan a los privilegios de gobiernos priistas que tanto criticaron.

Vizcaíno Silva, quien en 2022 intentó aumentar su salario un 35.5%, actualmente percibe un sueldo bruto mensual de 96 mil 374 pesos, con una percepción neta de 70 mil 984 pesos, es decir, 2 mil 300 pesos diarios libres de impuestos. Sin embargo, quien supera este salario es la delegada de los programas sociales en el estado, María del Rosario Silva Verduzco, con una percepción mensual bruta de 150 mil 822 pesos y neta de 104 mil 821 pesos con 29 centavos. Silva es la encargada de supervisar los programas sociales del gobierno federal en Colima.

En el senado, los representantes de Colima tampoco han renunciado a sus privilegios. Según el manual de Remuneraciones de las Senadoras, Senadores, servidoras y servidores públicos de mando y homólogos, y la información relativa al Capítulo de Servicios Personales publicado en el Diario Oficial de la Federación señala que para este año, la dieta mensual de un senador es de 131 mil 700 pesos, aunque no señala si ésta ya incluye el descuento de impuestos. En el DOF se especifica que esa dieta corresponde a un ingreso menor a la remuneración de la Presidenta de la República, conforme al artículo 127 Constitucional.

En el caso de los legisladores, a partir del 1° de febrero de 2025, un diputado federal en México recibe una dieta neta mensual de 79,000 pesos, después de aplicar las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Esta cantidad representa el salario que perciben de manera directa, sin contar otras prestaciones o apoyos adicionales que puedan recibir en el ejercicio de sus funciones.

Mientras tanto, el Congreso local, dominado por Morena desde hace seis años, no ha eliminado el Fondo de Ahorro, un esquema que permite a los diputados duplicar sus ahorros con recursos del erario. Sin regulación clara, cada legislador decide cuánto ahorrar y el Congreso debe igualar esa cantidad. Es decir, si un diputado aparta 40 mil pesos, el Congreso le otorga otros 40 mil pesos.

A pesar del discurso de austeridad, la realidad es que en Colima la 4T sigue disfrutando de sueldos y beneficios que contrastan con la precariedad en la que vive una gran parte de la población. La falta de acciones concretas para reducir estos privilegios cuestiona la congruencia entre lo que dicen y lo que realmente hacen en el ejercicio del poder.