Colima, México, Avanzada (12/12/2024).- El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) se ha desentendido del seguimiento a las investigaciones por probables delitos de corrupción y aunque hay más de mil hallazgos de presuntas irregularidades entre graves y no graves en los últimos años, no existe ningún funcionario o ex funcionario público de primer nivel sancionados penalmente a partir de la fiscalización de las Cuentas Públicas, por lo menos de los últimos 15 años.
Entre los señalamientos que ha documentado OSAFIG se encuentra la simulación de la compra de los terrenos de la XX Zona Militar por 200 millones de pesos, mismos que está pagando el actual gobierno estatal con recursos públicos, a pesar de que se demostró que el gobierno federal donó al gobierno de Colima dichos terrenos, pero el exgobernador, Ignacio Peralta Sánchez y el entonces secretario de Finanzas, Carlos Noriega García simularon la compra.
Este no es un caso aislado. En los últimos siete años, el OSAFIG ha interpuesto un total de 96 denuncias por posibles delitos relacionados con la corrupción, pero hasta la fecha no se reportan avances significativos. Las denuncias incluyen irregularidades detectadas en los procesos de adquisición, manejo de recursos y asignación de contratos, entre otros temas críticos para la gestión de recursos públicos.
El OSAFIG, conforme a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, está facultado para revisar la cuenta pública, realizar auditorías a la gestión financiera, promover responsabilidades administrativas contra servidores públicos y particulares, así como denunciar infracciones de carácter penal, administrativo o político.
La falta de sanciones no solo refleja la debilidad institucional, sino que también refuerza la percepción de impunidad entre la ciudadanía. De acuerdo con los registros del INEGI, solo el 4.8 % de las personas víctimas de corrupción en 2023 presentó una denuncia formal, lo que evidencia la desconfianza en los mecanismos de denuncia y la percepción de ineficacia por parte de las autoridades.
El contexto actual adquiere mayor relevancia debido a que este miércoles concluyó el plazo para registrar candidaturas a la titularidad del OSAFIG, cargo importante para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos de Colima.
El papel del OSAFIG es fundamental en la fiscalización de la gestión pública. Además de las auditorías, está facultado para revisar la aplicación de los recursos, impulsar la rendición de cuentas, promover la transparencia y denunciar los actos de corrupción ante las instancias correspondientes. Sin embargo, la inoperancia de los mecanismos judiciales y la falta de sanciones a los altos funcionarios muestra la debilidad para sancionar la corrupción en el estado.