La Fiscalía de Colima: expertos en simulaciones, pero fracasa en la realidad

Colima, México, Avanzada (24/11/2024).- Mientras Colima enfrenta una ola de violencia que lo posiciona como el estado con mayor número de homicidios en el país, la Fiscalía General del Estado celebra su triunfo en un concurso internacional de juicios simulados. El logro, obtenido en Mississippi en el marco del “XV Concurso Nacional de Juicio Simulado entre Fiscalías Mexicanas”, destaca las habilidades técnicas del personal para representar casos penales ficticios, pero contrasta dolorosamente con su incapacidad para enfrentar la criminalidad que asfixia a la entidad.

El fiscal general de Colima, Bryant Alejandro García Ramírez, encabezó la delegación que brilló en el evento, donde los representantes estatales demostraron su dominio en interrogatorios y defensa penal. Sin embargo, fuera de las salas de simulación, los resultados son desalentadores: homicidios, desapariciones y un sistema de justicia que parece paralizado frente a la realidad.

Colima enfrenta una realidad desafiante en materia de impunidad, revelada por el Índice de Impunidad de México Evalúa, que sitúa al estado con un alarmante 99.5 por ciento de casos irresueltos, consolidándolo como el segundo estado más impune del país, solo detrás de Hidalgo. Esta cifra, que ha aumentado un 2.1 por ciento desde 2021, evidencia la falta de atención, investigación y resolución de los casos conocidos por la autoridad. En comparación con la media nacional del 96.3 por ciento, Colima está significativamente por encima, lo que subraya la necesidad de medidas efectivas.

Datos obtenidos mediante solicitudes de transparencia revelaron que la Fiscalía General de Justicia de Colima abrió 188 mil 684 carpetas de investigación entre 2018 y mayo de 2024. Sin embargo, solo nueve de estas investigaciones llegaron a la etapa de ejecución de sentencia, lo que equivale a un ínfimo 0.004 por ciento del total. Este panorama muestra la incapacidad de la Fiscalía para garantizar justicia y combatir la impunidad.

La activista social Rosa Evelia Villarruel Figueroa lamentó que, solo en las primeras dos semanas de noviembre, alrededor de 30 personas fueran asesinadas en Colima, entre ellas ocho mujeres. “Eso es tremendo porque a las autoridades no las vemos que reaccionen ante la magnitud de los hechos”, señaló. Además, criticó que las instituciones, incluida la Fiscalía General del Estado, opten por el silencio para confundir a la población, permitiendo que circulen rumores o verdades a medias sobre los crímenes que ocurren.

Villarruel, integrante del colectivo Las Rosas Rojas, denunció que la violencia feminicida en Colima está siendo invisibilizada por las propias autoridades. “Se debe proteger la vida de todas las personas y se tiene que informar sobre los crímenes contra mujeres, porque al no decir nada quieren que la gente crea que la privación de la vida corresponde a un ataque por la disputa entre cárteles. Sabemos que no es así”, declaró.

A estas voces críticas se suma Mario Alberto Gaitán Jiménez, periodista y amigo de Paty Bunbury, reportera asesinada recientemente en circunstancias que la Fiscalía intentó vincular al crimen organizado. Gaitán calificó la gestión del fiscal como ineficaz y exigió su renuncia, considerando que su incapacidad para frenar la violencia lo descalifica para continuar en el cargo.

Además, persisten las acusaciones de que García Ramírez ocupa el puesto no por méritos, sino por ser ahijado de la gobernadora Indira Vizcaíno. Este vínculo, habría blindado al fiscal de rendir cuentas en un estado donde la reincidencia delictiva es la norma por la falta de detenciones.

La contradicción es evidente: mientras el personal de la Fiscalía demuestra maestría en simulaciones, la realidad en Colima sigue marcada por la impunidad y el temor. Las habilidades técnicas de los funcionarios, que deberían ser aplicadas para resolver los problemas del estado, parecen quedarse en el ámbito del espectáculo académico.

Para una entidad golpeada por el crimen, la inacción y una impunidad del 99.5 por ciento, el reconocimiento en un concurso internacional resulta poco alentador. La ciudadanía no necesita fiscales que ganen trofeos, sino un sistema de justicia capaz de proteger vidas y garantizar seguridad.