Revictimización institucional en el caso de Paty Bunburi: un patrón recurrente en la Fiscalía de Colima

Colima, México, Avanzada (31/10/2024).- Este miércoles, la periodista Patricia Ramírez González, conocida como “Paty Bunburi”, fue asesinada en su establecimiento de comida en Colima. A plena luz del día, alrededor de las 14:00 horas, un hombre armado ingresó al local, situado en la colonia La Atrevida, y disparó en su contra. Este trágico suceso sumó un nombre más a la larga lista de asesinatos que azotan al estado, en un contexto de creciente violencia e inseguridad.

Sin embargo, el crimen contra Patricia Ramírez ha sido particularmente revictimizante debido a la actuación de la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE). En un primer comunicado, la fiscalía omitió el hecho de que Ramírez González era periodista, sin explicar las circunstancias exactas de su homicidio ni resguardar la identidad de sus familiares. Posteriormente, en una “actualización” sobre el caso, la FGE divulgó detalles que vinculan a la hermana de la víctima con actividades ilícitas, en un intento de relacionar a la víctima y su familia con el crimen organizado. Este enfoque desvió la atención de la investigación del homicidio, insinuando una supuesta “responsabilidad” indirecta de la propia víctima.

Este tipo de revictimización no es un caso aislado en Colima. A lo largo de los años, la FGE y otros funcionarios estatales han seguido una práctica preocupante de criminalizar a las víctimas y sus entornos familiares tras ser objeto de un delito, bajo el argumento de “claridad en las investigaciones”. En 2022, el fiscal Bryant García declaró que el asesinato del doctor Iván Jacinto Cortés fue “pasional”, sugiriendo que él mismo habría “provocado” las circunstancias que terminaron en su homicidio. De manera similar, el exvicefiscal Gustavo Joya empleó esta estrategia para justificar los altos índices de impunidad, argumentando que las víctimas estaban “involucradas” con el crimen, sin respetar el debido proceso ni la confidencialidad de las investigaciones.

La divulgación pública de estos detalles y la insinuación de vínculos con el crimen organizado representan un serio acto de violencia institucional. La criminalización de las víctimas y sus familias no solo agrava el dolor y la probable estigmatización, sino que también limita el acceso a una justicia efectiva al condicionar el valor de una vida según su posible relación con el crimen.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas han denunciado reiteradamente esta práctica, que refuerza un entorno de impunidad. En lugar de centrarse en investigar y detener a los responsables, la FGE desvía la narrativa, generando una percepción de que las víctimas “merecían” lo que les ocurrió, lo cual deslegitima la confianza en las instituciones de justicia y añade un obstáculo adicional a la búsqueda de verdad y justicia.

El caso de Patricia Ramírez González es un doloroso recordatorio de que el Estado debe garantizar el respeto y la dignidad de las víctimas en todas las etapas del proceso de justicia, algo que, en Colima, sigue siendo una deuda pendiente.