Estricto Derecho
Dentro de la discusión que se ha generado con motivo de la reforma que se pretende hacer al Poder Judicial en nuestro país, hemos podido ver la controvertida actuación de un tribunal electoral local que, desde ahora, está haciendo realidad los pronósticos acerca de la verdadera finalidad que el oficialismo pretende conseguir con esta modificación constitucional: la captura y el sometimiento de los órganos jurisdiccionales cuyos titulares quieren destituir. Todavía no hay reforma, pero el futuro ya nos alcanzó.
En las semanas recientes, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, un tribunal al que no le afectará la reforma judicial (porque sus titulares no serán removidos, ni se elegirán sus magistraturas por voto popular) ha estado dando la nota porque sus decisiones han favorecido notablemente al partido en el gobierno.
La primera de estas decisiones tuvo que ver con el reparto de las 32 diputaciones plurinominales del Congreso de la CDMX. La problemática surgió en el Instituto Electoral capitalino porque, en atención a la votación obtenida y a las curules de mayoría que cada partido había conseguido, y respetando además las prohibiciones relativas a la sobre y subrepresentación de los partidos políticos que participaron en la elección, se presentó un primer proyecto en el que a Morena se le asignarían 2 plurinominales, al PAN 11, al PVEM 5, PRI, PT y MC tenían 4 cada uno, y el PRD 2.
Sin embargo, esto no le convenía a Morena, porque no iban a tener mayoría calificada junto con sus aliados, y no querían que se repitiera lo que ocurrió con la entonces fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien no pudo ser ratificada en el cargo.
Entonces, antes de que ese proyecto se aprobara, se recibieron en el instituto electoral local siete escritos de diputados que militan y que habían ganado su curul por Morena, mediante los cuales se deslindaban de dicho partido y le decían al Instituto que no, que siempre no eran de Morena, porque se acababan de incorporar al Partido Verde o al Partido del Trabajo.
Todo esto lo hicieron con la intención de aparentar que Morena, aun cuando tuvo una alta votación, que le permitió ganar muchos distritos de mayoría, se había quedado con una baja representación en la Cámara debido a que estos 7 diputados salieron a decir que mejor siempre no formaban parte de Morena, sino de otros partidos, lo que motivó a uno de los consejeros del instituto electoral a presentar una nueva propuesta de acuerdo, que modificaba el reparto original, para compensarle a Morena su supuesta pérdida de diputados de mayoría mediante la asignación de más diputados plurinominales.
Con la modificación aprobada, a Morena se le asignaron 9 diputaciones plurinominales, una de ellas para Valentina Batres (hermana de Lenia, ministra de la Suprema Corte, y de Martí, Jefe de Gobierno de CDMX), al PAN 9, al PVEM 4, PRI, PT y MC 3 cada uno, y al PRD 1. En la cámara local, Morena y sus aliados se apoderaron así de 43 curules, a uno de la mayoría calificada, misma que lograron en días pasados, con la adquisición al mejor postor de 3 diputados de la oposición.
En su oportunidad, los partidos afectados impugnaron este ardid ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el cual debería estar conformado por 5 magistraturas, pero como Morena no tiene mayoría calificada en el Senado para hacer nombramientos en los tribunales electorales locales, funciona incompleto, ya que actualmente solo lo integran 4 magistrados, 2 en funciones y 2 propietarios, y uno de esos últimos es Armando Ambriz Hernández, quien lo preside y controla sus decisiones; como dato relevante, es muy cercano a Ricardo Monreal, quien es el coordinador de la bancada legislativa de Morena en la Cámara de Diputados.
Como son 4 magistraturas, es frecuente que, al votar un asunto, se generen los empates a 2 por cada sentido de la decisión, y eso lleva a aplicar el denominado voto de calidad, a cargo del amigo de Monreal. ¿Y adivinen a quién ha favorecido? Exacto, a MORENA.
Desafortunadamente, debido a formalismos procedimentales, esta lamentable decisión la validó posteriormente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, primero a través de la Sala Regional con sede en la CDMX, y después por la propia Sala Superior, en votación dividida, por lo que las impugnaciones posteriores fueron desechadas y se confirmó esta grave irregularidad.
El otro asunto tiene que ver con Alessandra Rojo de la Vega, quien fue postulada por la coalición PAN-PRI-PRD y ganó la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México a su contrincante, la morenista Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal, quien ya dijimos que es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en otra más de las artimañas que les caracterizan, su triunfo fue sorprendentemente anulado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por “mayoría” de tan solo dos votos (fueron 2 a favor y 2 en contra, pero el magistrado Ambriz decidió el asunto con su voto de calidad), al considerar que la candidata ganadora había ejercido actos de violencia simbólica y de invisibilización, así como promovido estereotipos negativos de género, en contra de Catalina Monreal. Una vez más, torciendo la ley en beneficio de Morena.
Esta decisión fue un robo en despoblado, en todos los sentidos. En el aspecto jurídico, es una anulación que no tiene pies, ni cabeza. Tampoco se sustenta en precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, quien todavía tendría que confirmarla, lo cual tristemente es posible que suceda, dado el poder que acumula el diputado Ricardo Monreal, quien le está sacando adelante al régimen la reforma al Poder Judicial (a un elevadísimo costo), y además ha promovido estímulos para aquellas magistraturas, sobre todo las electorales, que le apoyen en su causa.
Estaremos pendientes de la resolución que emita en este asunto la instancia federal, pero de entrada el proceder del Tribunal Electoral de la Ciudad de México es una muestra muy clara de lo que vendría en un futuro cercano, en caso de concretarse la mal llamada reforma judicial, porque las reformas son para mejorar algo, y con esta propuesta no se busca mejorar, se busca solo aniquilar al Poder Judicial como hasta ahora lo conocemos, para crear uno nuevo que se pliegue a los deseos del régimen. Es cuánto.
OTROSÍ 1. Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, publicó una reforma a la constitución de esa entidad federativa en la que, retomando algunas disposiciones del artículo 27 de la Constitución Federal, se crearon las condiciones para desaparecer del mapa la propiedad privada, al precisar que va a estar subordinada al interés tanto de la Nación como de la Ciudad de México. Lo que encendió las alertas fue lo mencionado por el propio Batres, quien señaló que, precisamente, una de las intenciones de la reforma judicial es que haya jueces que dejen de lado los precedentes que rigen actualmente, para que ahora apliquen nuevos criterios a favor del pueblo, entiéndase sus intereses muy particulares. Sobre aviso no hay engaño…
OTROSÍ 2. La reforma judicial todavía no es norma vigente. Su proceso de aprobación no ha concluido; ahora sigue que se discuta en el Senado de la República. Por el bien de México, aportemos nuestro granito de arena para que no se concrete, porque implicaría la destrucción de la República.
OTROSÍ 3. Hablando de gente que la maicean, tenemos el triste caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: de las cinco magistraturas que actualmente la integran, dos concluyen su periodo en octubre de este año y tres lo harían en octubre del año siguiente. Sin embargo, Morena les ofreció prorrogarles su mandato hasta el año 2027, lo cual se ha reflejado en las sentencias que han emitido en las últimas semanas. Es lamentable, incluso trágico, que comprometan el futuro de un país a cambio de un beneficio personal. No obstante, entre tanta descomposición política, vale la pena resaltar la intachable actuación de una jurista excepcional: Janine M. Otálora Malassis, magistrada de la Sala Superior, quien ha rechazado tajantemente esta posibilidad, al señalar que ella desempeñará su cargo solamente durante el periodo para el cual rindió protesta, por lo que no aceptará esa dádiva del oficialismo. Desde este espacio, nuestro reconocimiento a quienes, como la magistrada Otálora Malassis, ponen por delante a la democracia y a la República. OTROSÍ 4. Renunciaron al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. Su salida, al igual que su gestión, había pasado completamente desapercibida, hasta que se filtró la información. Roguemos a Dios con fervor para que Indira y el Congreso no nombren a alguien peor que el saliente, como ha sido su costumbre.