Colima, México, Avanzada (24/02/2024).- Mientras que el estado de Puebla avanza en procesos penales contra 11 individuos por el fatídico accidente del helicóptero que cobró las vidas de los exgobernadores Rafael Moreno y Martha Érika Alonso, la situación en Colima revela un marcado contraste de impunidad en el caso del exgobernador Gustavo Vázquez.
Ambos incidentes aéreos comparten similitudes notables: la falta de mantenimiento adecuado que derivó en fallas mecánicas, provocando el trágico desplome de las aeronaves y la pérdida de todas las vidas a bordo.
En el caso del helicóptero en Puebla, el 24 de diciembre de 2018, la gobernadora Martha Érika Alonso, su esposo Rafael Moreno Valle, y otros ocupantes murieron tras estrellarse diez minutos después de despegar hacia Ciudad de México. Once personas están involucradas en este caso, y de ellas, siete enfrentan proceso penal en prisión, tres están en libertad bajo amparo o han modificado su medida cautelar, y una persona aún se encuentra prófuga.
El Fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, detalló recientemente que siete personas enfrentan procesos penales en prisión, destacando que el evento no fue resultado de impericia de los tripulantes, sino de una “falla reprochable”. La fiscalía ha emprendido acciones legales contra aquellos que tenían la obligación de reparar la falla reportada por los propios tripulantes.
En contraste, el caso del avión gubernamental de Colima que se estrelló en Michoacán, el 24 de febrero de 2005, presenta una situación de impunidad a 19 años del acontecimiento. En esa ocasión, el gobernador Gustavo Vázquez Montes y otros ocupantes perdieron la vida.
La investigación liderada por el Subprocurador de Control Regional, Procedimiento Penal y Amparo de la Procuraduría General de la República, Gilberto Higuera Bernal, reveló que la causa del accidente fue la pérdida de control de la aeronave debido a una falla en el sistema interestabilizador horizontal. Este componente crucial presentaba rastros de grasa contaminada y vieja, indicando un mantenimiento inapropiado.
A pesar de estas conclusiones técnicas, la responsabilidad recae en el propietario anterior, una empresa estadounidense, según Higuera Bernal. A 19 años del accidente, no hubo implicaciones penales, y la impunidad prevalece en este caso.