Comunidades van contra el poder de las mineras

Colima, México, Avanzada (11/02/2022).- Representantes de comunidades indígenas demandaron que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reforme la Ley Minera para frenar los abusos que cometen las empresas extractivas en sus territorios, al participar en el foro “Las voces ignoradas: hablan las comunidades afectadas y amenazadas por proyectos mineros”, organizado por la colectiva Cambiémosla Ya, en coordinación con diputadas y diputados.

Entre algunos de los impactos negativos de la presencia minera señalados por los participantes, se encuentran “la ocupación ilegal del territorio, la escasez de agua, la contaminación de pozos y ríos, la división comunitaria, el incremento de la violencia, las campañas de desprestigio contra personas defensoras del territorio y la violación sistemática del derecho a la libre determinación de pueblos indígenas”.

Asimismo, durante el evento se guardó un minuto de silencio por las personas defensoras del territorio desaparecidas o asesinadas, al tiempo que exigieron justicia y garantías de seguridad de manera inmediata, según narró en una reseña del evento la investigadora Maira Olivo, integrante del Programa Territorio, Derechos y Desarrollo de la organización Fundar México.

Diversos observadores consideraron que una modificación a la ley minera como la planteada en ese foro sería benéfica para las comunidades ubicadas en las regiones con actividad minera, como es el caso de Aquila, Michoacán, donde se encuentran desaparecidos desde el pasado 15 de enero el abogado Ricardo Lagunes Gasca y el líder comunal Antonio Díaz Valencia.

En este caso, los familiares del abogado desaparecido Ricardo Lagunes han señalado desde el principio a la empresa minera Ternium por la responsabilidad que pueda tener para que aparezcan con vida Lagunes y el profesor Antonio Díaz.

“Ternium es el actor con más poder en la región y los impactos de su operación no solamente han afectado al medio ambiente sino al tejido social, han generado conflictos y violencia. La empresa tiene relación con los distintos actores locales y pues pensamos entonces que con los posibles perpetradores de la desaparición. Pedimos que se indague por ahí, que la empresa actúe para apoyarnos a encontrar con vida a mi hermano y al profesor Antonio”, refirió Ana Lucía Lagunes Gasca, hermana del defensor de los derechos humanos.

En su reseña del foro, difundida en el portal Animal Político, la investigadora Maira Olivo comentó que la Ley Minera vigente en México da a los proyectos mineros acceso irrestricto a los territorios del país, sin importar que estos pertenezcan a pueblos indígenas o ejidos y que sean habitados por miles de personas que dependen de ellos para producir alimentos y acceder a sus medios de vida, vulnerando sus derechos humanos y colectivos.

Añadió que este foro ha permitido constatar que, pese a los intentos continuos de homogeneización o exterminio durante siglos, los pueblos indígenas continúan reivindicando sus derechos; entre ellos, sus derechos territoriales y su derecho a la libre determinación. Instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establecen la obligación de contar con las medidas jurídicas necesarias para la garantía y protección efectiva del derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales de los pueblos indígenas.

Olivo dijo que por ello, junto a la colectiva Cambiémosla Ya, las comunidades afectadas exigieron modificaciones legales para retirar el carácter preferente y de utilidad pública que hoy tiene la minería; modificar el régimen de concesiones, modificar el régimen de prohibiciones, garantizar que la información reservada de los proyectos mineros sea puesta a disposición del público en virtud de que México ratificó el Acuerdo de Escazú y ampliar las causales de nulidad y cancelación.

Mencionó que en el anterior periodo de sesiones se presentaron cuatro iniciativas que fueron turnadas a la Comisión de Economía y competitividad para su dictaminación.

En el foro se escucharon testimonios de habitantes de pueblos y comunidades que han sufrido el impacto de la convivencia forzada con los proyectos mineros, entre ellos de Calpulalpan de Méndez, Oaxaca; Xochicalco, Morelos; Salaverna y Peñasquito, Zacatecas; San Miguel del Progreso, Guerrero; Tecoltemi, Puebla; Baja California Sur, y Río Sonora, así como de integrantes del Frente No a la minería en Valles Centrales de Oaxaca y el Consejo Maseual.

Por su parte, los legisladores se comprometieron a lograr la dictaminación positiva de las iniciativas en el actual periodo de sesiones, así como su aprobación, disminuyendo la brecha existente entre los derechos reconocidos por el Estado Mexicano y los mecanismos para su ejercicio. En ese sentido el artículo primero constitucional establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, puntualizó Maira Olivo.