Oficio Ciudadano

Como se temía, el miércoles pasado, a dos días de terminar el periodo ordinario de sesiones en el poder legislativo, fue aprobada por la mayoría morenista en la Cámara de Senadores, el llamado Plan B del presidente de la república, es decir, la modificación a cinco leyes reglamentarias y la creación de una nueva, todo ello en materia electoral. Lo anterior, porque previamente no había prosperado el original plan A presidencial, de reforma constitucional, al no obtener la mayoría calificada de votos para ello.

Con estas reformas, aprobadas sin mayor debate y mucho menos consenso, se pone en riesgo el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral porque, a decir de los conocedores, peligra la elaboración del padrón electoral, el conteo de votos y la fiscalización del gasto a partidos políticos, entre otras actividades, al reducir el Servicio Profesional Electoral en un 84.6% de su estructura y con un nuevo estatuto, pretender fusionar las estructuras del instituto nacional y las de los organismos públicos locales, conocidos como Oples. Esto traerá como consecuencia, además, el desempleo para al menos 2 mil 175 empleados de dicho servicio, cuando las juntas distritales pasen a ser de permanentes a temporales, que se sumarán a otros 2 mil trabajadores administrativos previstos con este desmantelamiento del sistema electoral.

Pero además este atropello legislativo tiene visos de inconstitucionalidad. La misma fusión que hacen de estructuras, que no considera que los organismos locales son de ámbito estatal;  la eliminación de juntas distritales para que solo funcionen 260 en lugar de las 300 y  de manera temporal; así como el ajuste al inicio del proceso electoral de 2024, de septiembre a noviembre. Por ello, los senadores de oposición han anunciado que ahora queda impugnar este plan B con acciones de inconstitucionalidad. 

Esta iniciativa se había presentado originalmente en la Cámara de Diputados, en donde los partidos aliados del gobierno le habían metido mano para agregar una disposición convenenciera y ya declarada con anterioridad como inconstitucional: la transferencia de votos cuando van en alianza con un partido mayoritario, de tal suerte que los pequeños como el PT y el PVEM al no reunir el 3% de la votación que marca la ley, podían recibir transferencia de votos de su aliado mayor. En el argot político le llamaron “la cláusula de vida eterna”.

Como en la cámara alta modificaron la minuta que recibieron de diputados, regresó nuevamente a la cámara de origen, y aquí los partidos minoritarios decidieron resignarse y cancelaron esa cláusula de vida eterna, ante la andanada de críticas y comentarios negativos por ese abuso y cobro de favores para dar sus votos a la propuesta presidencial, incluido el rechazo del propio presidente que había amenazado con vetar todo el proyecto. Así que nuevamente regresará a la Cámara de Senadores por esa modificación, para posteriormente enviarse al Ejecutivo Federal para la promulgación y publicación correspondientes. Sin embargo, se cerró el período ordinario de sesiones y se abre el siguiente en el mes de febrero por lo que se prevé que hasta entonces se concluirá con el proceso legislativo de tan dañina reforma electoral.

Una vez promulgadas y publicadas las reformas electorales, queda a los legisladores y partidos políticos recurrir la inconstitucionalidad de las disposiciones por la vía jurídica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ante los Juzgados de Distrito. Quedará también a los trabajadores despedidos injustificadamente, el recurrir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en demanda de la protección de sus derechos laborales.

Y mientras se da este compás de espera en los tiempos legales, el presidente sigue enviando iniciativas de ley a la cámara de diputados. Ahora se trata de una que elimina la prohibición para que aerolíneas internacionales puedan incursionar en el mercado de vuelos nacionales, es decir, para que realicen una práctica conocida como cabotaje. Con estas iniciativas, así como con la de otorgar a la Secretaría de la Defensa Nacional la concesión de su propia aerolínea, el presidente parece querer sabotear él mismo la economía nacional, la sobrevivencia de las aerolíneas nacionales.

Quien debe de velar porque en el país prevalezcan las condiciones de seguridad, competencia y auspicio para las empresas generadoras de empleo, hace todo lo contrario. El Presidente López Obrador incumple con su obligación de la investidura presidencial. ¿Hasta cuando seguiremos impasibles, como meros espectadores, observando la destrucción de instituciones, organismos autónomos, empresas y ciudadanía?

Si, los gritones están ahora en el gobierno, pero los callados ciudadanos también tendrán su momento para hablar.